Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

La nueva normativa municipal de esta localidad de la Ribera Navarra exige que al menos uno de los progenitores lleve empadronado en la localidad veinte años, por lo que deja fuera a personas de origen extranjero que carezcan de arraigo en el municipio. Asimismo, el menor debe residir en la localidad durante dos décadas de forma ininterrumpida. Se trata de una decisión que sigue la estela del veto a celebraciones islámicas aprobado en Jumilla (Murcia) por PP y Vox que sembró la polémica por seguir las directrices de la politica antimigratoria del partido de Abascal, buscando generar un clima negativo contra la comunidad musulmana en España.

Valtierra aprobó el pasado mes de octubre de 2024 este paquete de ayudas, que conceden una cuantía de hasta 3.000 euros por menor nacido o adoptado en la localidad. Entonces, el Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, lo sometió a examen por sospechas de inconstitucionalidad. Ahora, el dictamen elaborado concluye que esta convocatoria ofrece «serias dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico». El Gobierno foral estudia demandar al regidor de UPN por un delito de odio.

Sin embargo, Resa no solo sigue en sus trece sino que se ha mostrado firme en su decisión y ha anunciado que elevará estas ayudas en mil euros más a quienes cumplan con los citados requisitos. En una entrevista publicada este jueves por 'El Diario de Navarra', cargó contra las ayudas públicas destinadas a «esos menas -menores extranjeros no acompañados- que nos vienen» y que cifró en 4.950 euros al mes basándose en datos que, según dijo, ha conocido por parte de la experiencia de una localidad cercana, Marcilla.

«Son más de 50.000 euros al año. ¿Para qué estamos preparando a estos? ¿Y no apostamos por los nuestros? Es un gasto que va para vivienda, estudios, comer, vestir... ¿Pero en qué país estamos pues? Vamos a seguir poniendo dinero para los de fuera y para los de aquí no, ¿o qué? No lo entiendo», señaló.

Ante esta situación, el primer edil navarro anunció un exhaustivo control de empadronamiento. «Voy a pedir al Policía Municipal que vaya casa por casa mirando quién está empadronado o quién no. Y quien no lo esté, que lo apunte», dijo. Con esta medidas, Resa indicó que su intención es ir «a degüello contra esta gente», además de «blindar a Valtierra». «Sé que alguna persona que lo necesite resultará perjudicada, pero no tengo por qué estar dando de comer a gente que no quiere trabajar o que hace trampas cómo sabemos todos pidiendo que se les pague hasta aquí para no perder la ayuda que reciben por allá», apuntó.

En la Cadena Ser, el alcalde navarro denunció que «estamos recibiendo muchos inmigrantes que nos cuestan un pastizal», refiriéndose a los menores migrantes no acompañados como «los menas esos, los señoritos esos que tenemos aquí». Estas declaraciones han sido tildadas por el Ejecutivo autonómico como «intolerables» e «inacaptables» y ha asegurado que «incitan a la violencia». En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la portavoz Ana Ollo, afirmó que «el Consejo de Navarra ha ratificado lo que el Gobierno decía, que era un acuerdo municipal en el que se discriminaba a los ciudadanos de Valtierra, creando ciudadanos de primera y segunda categoría».