Sánchez pacta con el PNV ceder la gestión de la Seguridad Social y negociar un nuevo estatus
Los jeltzales sellan un acuerdo de legislatura que concede dos años para los traspasos y abre la vía a reconocer a Euskadi como nación
El puzle de la investidura de Pedro Sánchez ya está completo. Un día después de encajar la pieza más enrevesada, la de Junts, el mandatario socialista remató ayer la jugada de su reelección gracias al segundo acuerdo de legislatura consecutivo con el PNV. Un pacto que reproduce gran parte de lo ya comprometido (e incumplido) hace cuatro años, sobre todo en materia de autogobierno, pero que ahora eleva el listón con plazos más tasados y hasta comisiones bilaterales 'ad hoc'. Garantías, aun así, que no han evitado que la sombra del incumplimiento planee sobre la alianza desde el primer día, habida cuenta del enredo provocado ya ayer por la siempre delicada transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Fue el propio Sánchez quien estampó su firma en el documento junto a Andoni Ortuzar en el Congreso. Una fotografía que el líder del PSOE no tuvo a bien hacerse cuando se rubricaron los acuerdos con ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria, este último también ayer. Tampoco con EH Bildu, que ni siquiera ha llegado a plasmar por escrito sus condiciones y ha concedido su apoyo 'gratis et amore'. Una singularidad, la del retrato con el PNV, que pretende reforzar el papel de la formación jeltzale como «socio preferente», en palabras de Patxi López, tras una legislatura en la que la entente ERC-Bildu limitó la influencia de Sabin Etxea en el ruedo político madrileño.
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Los cinco diputados nacionalistas votarán a favor de la investidura de Sánchez el próximo jueves -el debate comenzará el miércoles- y contribuirán a la estabilidad de su tercer mandato a cambio de «un acuerdo bueno para Euskadi», según calificó Ortuzar. El entendimiento incluye reivindicaciones clásicas del PNV como el enésimo impulso al proceso de las 28 transferencias pendientes para culminar el Estatuto de Gernika 44 años después. Todos los anteriores se incumplieron de una u otra forma. Esta vez el pacto fija un plazo «improrrogable» de dos años e incluso lo acota a tres meses para tres competencias concretas: Cercanías, homologación de estudios extranjeros y la fase de integración en la acogida de migrantes.
Una comisión bilateral se reunirá cada seis meses con la presencia de Sánchez y el lehendakari
Para finales de 2025, por tanto, deberían estar traspasadas materias como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una auténtica patata caliente que siempre genera tensiones políticas, como evidencian las duras críticas vertidas ayer por el PP y Vox. El propio Ministerio de Hacienda tuvo que matizar unas declaraciones de su titular, María Jesús Montero, en las que señaló que este traspaso «no está singularizado» en el acuerdo. En puridad es así, ya que no se menciona explícitamente, pero sí se alude al listado de transferencias pactado en la anterior legislatura. De hecho, en aquel papel se hablaba de «iniciar los estudios», una fórmula poco comprometida, pero ahora se cambia por «negociar y efectuar los traspasos correspondientes».
La polémica transferencia desata un enredo entre el PNV y Montero, quien reconoce que «es difícil»
El Gobierno ratificó después, previa conversación telefónica urgente entre Montero y Aitor Esteban, que esta cesión sí está incluida. Eso sí, la ministra enfrió claramente el alcance de la transferencia porque «es difícil». Unas sombras que el PNV pretende disipar haciendo valer su condición de imprescindible en la endiablada aritmética del Congreso y, sobre todo, con la creación de una comisión bilateral permanente recogida en el pacto. Ese órgano, tal y como queda fijado, se reunirá «de forma presencial» cada seis meses con la asistencia del presidente del Gobierno y el lehendakari, en lo que pretende ser un reflejo de la «bilateralidad», una demanda histórica de los nacionalistas vascos en la relación con el Estado.
Cláusula foral en las leyes
De esto último también se va a hablar en la nueva legislatura porque el acuerdo busca ser el punto de partida para la negociación de un nuevo estatus, otro clásico entre los clásicos. Socialistas y jeltzales se comprometen a dialogar «de buena fe» para alcanzar un acuerdo que aborde «la salvaguarda de las competencias vascas, un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad» y, sobre todo, «el reconocimiento nacional de Euskadi». Esto, en consonancia con lo pactado por el PSOE con el independentismo catalán, supone un salto respecto a lo firmado (e incumplido) en 2019, ya que aquel texto hablaba de «un nuevo Estatuto atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia». El PNV tampoco ha contribuido mucho a ello porque ni siquiera ha reactivado la ponencia correspondiente en el Parlamento vasco.
En lo relativo al autogobierno, los jeltzales también logran que todas las leyes nacionales que afecten a competencias vascas incorporen a partir de ahora «una cláusula foral» que asegure el respeto a esas atribuciones. Hay que recordar que el PNV rechazó, por ejemplo, la ley de vivienda al denunciar una invasión competencial. Por último, la formación de Ortuzar se anota logros como la segregación definitiva de Usansolo; la prelación de los convenios autonómicos respecto a los estatales en el Estatuto de los Trabajadores; un refuerzo de las competencias de la Ertzaintza; y un fuerte impulso económico para el euskera, con 100 millones para su adaptación a la era digital.
La caja única sigue intacta: el déficit vasco es de 4.300 millones
Definición de la «gestión del régimen económico de la Seguridad Social»: Dícese de una competencia recogida en el Estatuto de Gernika que no busca romper la caja única española, sino abrir un nuevo cajero en Euskadi cuyos trabajadores dependan del Gobierno vasco para informar a los pensionistas vascos, entre otras cuestiones, que ya tienen la nómina mensual en su cuenta bancaria. Eso sí, el dinero seguirá procediendo del 'bote' común. La caja única de la Seguridad Social no se romperá, entre otras cosas, porque Euskadi no puede permitírselo. En apenas una década, el déficit vasco de las pensiones se ha duplicado al pasar de los 2.000 millones en 2013 a los 4.300 millones de euros... Y subiendo. Además de Euskadi, otras nueve comunidades podrían exigir esta transferencia al estar en sus estatutos.
