PNV y PSE aparcan su pelea en inmigración pero se preparan para el choque con el euskera

La Cámara autonómica debatió una proposición no de ley que Sumar registró a finales de mayo al calor del crudo enfrentamiento que protagonizaron jeltzales y socialistas. Todo se desató con unas declaraciones en las que el lehendakari, Imanol Pradales, llamó a preguntarse «qué tipo de inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo». Eneko Andueza le respondió que «no se puede marginar» a los extranjeros que llegan sin cualificación, acusó al PNV de actuar «unilateralmente» y llegó a dudar de las «ganas» de la formación nacionalista para seguir gobernando juntos.

Cuatro meses después, y pese a un amago de rebrote a cuenta de sus posturas enfrentadas por el proyecto del centro de refugiados de Vitoria, los dos miembros de la coalición prefieren aparcar ahora su pulso en torno a la gestión migratoria. Ante la iniciativa de Sumar, que pedía «un pacto vasco para la acogida» y «eliminar barreras de acceso a derechos sociales», PNV y PSE-EE optaron por llegar a un acuerdo de mínimos con la clásica fórmula de «continuar trabajando»; en este caso, en el marco del Pacto Social Vasco para la Migración firmado en 2019 por las principales instituciones vascas y asociaciones relacionadas.

La tregua se percibió también en los turnos de palabra. Los intervinientes por cada partido, Aitor Urrutia (PNV) y Patricia Campelo (PSE-EE), evitaron en todo momento el cuerpo a cuerpo entre ellos, incluso cuando el PP introdujo en el debate el asunto del centro de refugiados de Vitoria, el elemento que más podía hacer descarrilar esa imagen de sintonía. Si acaso el único rescoldo de la pelea de mayo emergió en la apelación de la representante socialista a «superar la visión utilitarista» de la inmigración: «No necesitamos sólo mano de obra, sino ciudadanos con derechos y obligaciones».

Las diferencias entre los socios se percibieron más en su actitud hacia la moción de Sumar. Si el PSE-EE dijo «compartir» la visión y asumió la necesidad de «hacer cambios porque la realidad va cambiando», el PNV censuró tanto el fondo como la forma. Urrutia señaló el «populismo» y la «irresponsabilidad política» de la coalición de izquierdas, que por boca de Jon Hernández le respondió que «la visión utilitarista alimenta la exclusión y abre la puerta a discursos xenófobos». EH Bildu reclamó «valentía ante las políticas racistas», el PP habló de «descontrol migratorio» y Vox relacionó la inmigración ilegal con la delincuencia.

La paz que se respiró ayer entre jeltzales y socialistas, sin embargo, no se repetirá en el segundo pleno ordinario del curso. El hemiciclo debatirá el próximo jueves la toma en consideración de las dos reformas legales presentadas para tratar de blindar el euskera en las OPE. La primera la registró EH Bildu, que propone que se exija el conocimiento del euskera por regla general en el acceso a toda plaza pública; y la segunda, del PNV (sin el PSE-EE), plantea eliminar el índice general y que sea cada administración la que establezca el porcentaje de plazas perfiladas.

Los jeltzales rompieron la baraja en junio al presentar en solitario esta proposición de ley tras fracasar las negociaciones con los socialistas, inflexibles ante cualquier reforma que suponga dificultar el acceso a la función pública. Los 12 parlamentarios del PSE-EE no apoyarán la toma en consideración de ninguna de las dos iniciativas, por lo que PNV y EH Bildu dependerán del otro para que sus respectivas propuestas pasen el filtro.