Libertad para los dos primeros etarras acercados a Euskadi por el Gobierno Sánchez

El juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro ha dado el visto bueno a la puesta en libertad condicional de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno. Se trata de los dos primeros reclusos que el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó a Euskadi, tras serles concedido el tercer grado. De Castro observa en ambos casos, y así lo refleja en sendos autos judiciales, «buena conducta y un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social».

Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo fueron trasladados en agosto desde la cárcel de Villabona (Asturias) a la de Basauri para terminar sus respectivas condenas en régimen abierto. A ambos les había sido concedido el tercer grado tras cumplir tres cuartas partes de sus penas y rechazar el uso de la violencia. Fue el primer gesto del Ejecutivo socialista hacia los reclusos que se han desvinculado de la banda y pedido perdón a las víctimas, si bien desde Interior rechazaron que este movimiento pudiera interpretarse como un acercamiento al uso.

Sanz y Moreno, pareja y padres de una niña pequeña, fueron detenidos en 1998 en el barrio bilbaíno de Zorroza. La Audiencia Nacional les condenó en 2002 a 71 años de cárcel a ella y a 74 años a él, junto a otros 14 miembros y colaboradores del 'comando Bizkaia'. Al 'talde' se le atribuyen, entre otros atentados, el intento de asesinato del exconsejero del Interior del Gobierno vasco Juan Mari Atutxa y del entonces presidente del PP de Euskadi Carlos Iturgaiz.

Los dos reclusos habían cumplido tres cuartas partes de sus condenas: 20 de 25 años. Finalizaban la misma en 2023. Además los dos están al margen de la ortodoxia de ETA, según subraya el magistrado en los autos a los que ha tenido acceso este periódico. El de Sanz Martín está fechado a finales de enero y el de Moreno Ramajo, a mediados de diciembre. «Han renunciado a la violencia, han pedido perdón a las víctimas y han mostrado su voluntad de colaborar con la Justicia y con las demás autoridades», subrayaron en su día desde Instituciones Penitenciarias. Moreno, además, «ha abonado la responsabilidad civil derivada de sus delitos», señala De Castro en su escrito.

Fue esta evolución la que motivó que hace justo un año, con el PP aún en el Gobierno, Olga Sanz Martín recibiera el visto bueno a su petición de tercer grado. Escribió una carta en la que pedía perdón por el daño que había causado, lo asumió y pidió «disculpas». «Lo lamento sinceramente», dijo, según recuerda el juez. Dos meses después su pareja realizó la misma solicitud. La junta de tratamiento estudió su caso, que al final fue resuelto positivamente en julio. Javier Moreno Ramajo trabajaba en el economato de la prisión asturiana, uno de los puestos a los que han accedido otros reclusos disidentes de ETA como Valentín Lasarte e Iñaki Rekarte, en la actualidad en libertad. El Ejecutivo central informó a las asociaciones de víctimas de la concesión de este tercer grado, si bien no reveló la identidad del recluso amparándose en la ley de protección de datos. Tanto él como su pareja carecen de delitos de sangre.

La pareja de reclusos había solicitado su traslado al centro penitenciario de Basauri para terminar de cumplir su condena en régimen abierto. Petición a la que accedió en su día Instituciones Penitenciarias. La decisión de fijar la prisión vizcaína como «centro de cumplimiento» respondió a su «arraigo familiar». Son padres de una niña pequeña y sus allegados residen en dicho territorio histórico.