El juez pide informes a la policía para decidir si prohíbe la marcha por los presos de este viernes en Bilbao
La Asociación de Víctimas del Terrorismo considera que Sare pretende reclamar la «vuelta a casa de presos, exiliados y deportados» de ETA
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió ayer a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza que emitan un informe sobre «las circunstancias concretas de la convocatoria» por parte de la red de apoyo a los presos de ETA Sare para la movilización prevista para este viernes en Bilbao antes de decidir sobre la prohibición que ha solicitado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). La marcha arrancará a las 13.00 horas desde la plaza Moyúa y terminará en el Ayuntamiento. Los colectivos de víctimas suelen hacer todos los años esta petición, aunque los jueces siempre han permitido la convocatoria.
En un auto, el magistrado declara la competencia del tribunal para conocer los hechos y se dirige a los citados cuerpos policiales «antes de acceder a la medida cautelar solicitada» por la AVT, que asegura que la convocatoria de Sare pretende reclamar la «vuelta a casa de presos, exiliados y deportados» de ETA para superar «las consecuencias del conflicto».
Según apuntó el juez Moreno, «los hechos objeto de esta investigación serían la presunta comisión de un delito de enaltecimiento que resulta competencia de la Audiencia Nacional». La asociación de víctimas instó al tribunal a que se dirigieran oficios a Guardia Civil y Policía Nacional para que emitieran informes «sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada».
Para la AVT, la convocatoria es «un claro ejemplo» de «blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje». «Utilizar el término 'vuelta a casa de los presos' implica impunidad», sostenían.
«Ni refugiados ni exiliados»
A su juicio, la liberación inmediata de presos condenados por terrorismo «supone ignorar la gravedad de sus delitos y la justicia para las víctimas». «No existen refugiados ni deportados, son terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España. No pueden ser considerados exiliados».
Desde la asociación recalcaban que «no ha habido ningún conflicto» y manifestaron que utilizar dicho término «revictimiza a las víctimas del terrorismo al afirmar que participaron en un enfrentamiento entre bandos en el que todos fueron, a la vez, víctimas y victimarios».
En este sentido, insistían en que «la violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y en quienes los apoyan desde las instituciones».
