El Gobierno vasco recurre al Constitucional la ley de vivienda y agrieta la coalición PNV-PSE

La decisión conlleva una enorme carga política ya que ha supuesto la división dentro del Gobierno vasco por el desmarque de los socialistas, que criticaron el paso dado por el ala jeltzale. Es la primera vez en tres años de legislatura que los tres consejeros del PSE –Idoia Mendia, Iñaki Arriola y Javier Hurtado– se plantan y piden que conste en acta que ellos se desmarcan de su socio. Arriola se mostró muy crítico con esta decisión al considerar que esta ley ofrece «una oportunidad a Euskadi» y «amplía derechos». También la dirección del PSE se vio obligada a emitir un comunicado señalando que «esperan que este recurso no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal y prive a la sociedad vasca de una herramienta muy positiva».

Más que el fondo, lo sorprendente ha sido el 'timing' elegido: el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones generales. Que el PNV está indignado con esta ley y que está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para corregirla era un hecho. Para muestra, la pasada campaña de las elecciones municipales y forales del 28-M, en la que los jeltzales, con Iñigo Urkullu a la cabeza, hicieron 'casus belli' en contra de una ley que, a su juicio, es la mejor muestra del «afán recentralizador» del Gobierno. El PNV no sólo ha buscado diferenciarse del PSOE erigiéndose en máximo garante del autogobierno, también ha cargado con dureza contra EH Bildu por «plegarse ante el Estado».

Como explicó este miércoles el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno liderado por la peneuvista Olatz Garamendi sostiene que esta ley «ocupa el ámbito vasco para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar».

En concreto, los servicios jurídicos del Gobierno recurren siete artículos de la ley, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. El equipo de Garamendi considera que que el Gobierno central «pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda, o regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda o la política pública de acceso a la vivienda, de modo que a la Comunidad Autónoma Vasca solo le queda ser mera ejecutora».

En este sentido, el informe jurídico recuerda que el contenido de la ley estatal ya está, en «gran medida», recogido y regulado con carácter previo a través de la Ley Vasca 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda». Esta ley aprobada por el Parlamento vasco fue validada por el Tribunal Constitucional, que confirmó la competencia de Euskadi en la materia. En este sentido, conviene recordar que la mencionada ley fue aprobada por la oposición. En concreto, por el el PSE, Bildu y UPyD. Entonces, el PNV gobernaba en minoría y tuvo que hacer suya una ley que no respaldó y ahora defiende con vehemencia en su recurso.

La norma estatal, explican, establece reservas de suelo destinadas a VPO en un alto porcentaje, vulnerando la jurisprudencia constitucional al respecto. También hay «una contradicción» entre leyes en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, en tanto que la norma estatal establece que las cesiones de suelo libres de cargas de urbanización han de ir, en exclusiva, dirigidas a construcción de viviendas sociales, mientras que la ley vasca permite otros destinos.

En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, se concluye que la regulación del Estado viene a ocupar el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca, según la capacidad que competencialmente tiene Euskadi para establecer su propio modelo en esta materia. «Cierra la posibilidad de tal desarrollo y, además, se reserva funciones ejecutivas», lamentan.