El Gobierno vasco autoriza a 13 ex altos cargos a dar el salto a la privada

Entre los ex altos cargos que figuran en este listado destaca Gotzone Sagardui, cuyo fichaje por la clínica privada Vithas San José se hizo público hace un mes. Aunque en su momento la oposición lo catalogó como «una puerta giratoria», su sucesor en el cargo, Alberto Martínez, aseguró que este centro médico «no ha tenido ninguna relación comercial» con el área de Salud en los últimos años.

Sagardui es la única consejera de la última etapa de Urkullu que ahora trabaja en la empresa privada. El resto de los que han dado el salto son cargos menores. Sus salidas responden al cambio de estructura y personal que se ha acometido en el Ejecutivo tras la llegada de un nuevo lehendakari. En el listado hecho público ayer figuran dos viceconsejeros, siete directores de alguno de los departamentos de Lakua, un asesor y el exdirector de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPR). El actual presidente del Bizkai buru batzar, Iñigo Ansola, también aparece en esta relación de altos cargos, pues cuando dejó la dirección del Ente Vasco de la Energía (EVE) fichó por el centro de promoción Mondragón.

La cuestión es que Euskadi cuenta desde 2014 con una norma que impone incompatibilidades para los cargos públicos y establece limitaciones al desempeño de actividades tras abandonar su puesto. En concreto, fija que «no podrán mantener una relación comercial» con «las empresas de naturaleza privada» con las que tuvieron relación cuando estaban en el cargo. En todo caso, la propia norma habilita un procedimiento para que puedan solicitar autorizaciones extraordinarias «al titular del departamento del que depende la materia de función pública». Es decir, la consejera Ubarretxena.

El Gobierno vasco está obligado actualizar de forma periódica este listado, en pos de la transparencia administrativa. Un objetivo, el de parecer una institución abierta, en el que el Ejecutivo de Pradales ha puesto un énfasis especial desde el inicio de la legislatura. El lehendakari presentó a finales de agosto un decálogo «por un Pacto Ético», un texto con ideas genéricas destinado a reconectar a la ciudadanía con la política, en un momento en el que su descrédito está en máximos, y que hace referencia a la necesidad de actuar «con honestidad, sin trampas ni otras artimañas».

Este ideal, el de la transparencia y el buen gobierno, no parece estar cumpliéndose para los partidos en la oposición, que en más de una ocasión han reprochado al Gobierno vasco sus prácticas «clientelares». Ayer, en la sesión de control del Parlamento, Javier de Andrés cargó contra Pradales porque «no está cumpliendo adecuadamente» su propio código ético, dado que –según el presidente del PP vasco– «están impulsando las puertas giratorias entre el sector público y el privado».

De Andrés también arremetió contra la cantidad de asesores que trabajan para el actual lehendakari, un crítica habitual del PP siempre que ejerce de oposición. «Los contratan para cuidar su imagen, no para la sociedad vasca», dijo. Pradales, por su parte, le acusó de ejercer «la demagogia» y de «traer a Euskadi lo peor de la política de Madrid». «Siempre a la duda, siempre a la sospecha. Y lo hace de manera gratuita. Es tremendamente injusto y contraproducente alimentar la presunción de culpabilidad», zanjó.