Diez años con la 'ley mordaza' que Sánchez no ha logrado derogar

«Este muerto está muy vivo», repiten la manida broma, otro año más, en el Parlamento tanto los diputados a favor como los contrarios a esta controvertida normativa. Una ley que, a pesar de que la coalición PSOE-Sumar, la denuesta, el Ministerio del Interior que comanda Fernando Grande-Marlaska ha utilizado sin complejos para sancionar durante los estados de alarma de la pandemia o ante las manifestaciones en Ferraz a cuenta de la aprobación de la ley de amnistía.

Lo cierto es que la promesa formal de Sánchez en su discurso en la moción de censura contra Rajoy de que derogaría la 'ley mordaza' nunca ha llegado siquiera a plantearse. En esta década, los grupos parlamentarios, con los socialistas a la cabeza, han trabajado exclusivamente en «reformar» la normativa, pero nunca en abolirla.

Esta semana, coincidiendo con la víspera del décimo aniversario, los ocho partidos con grupo propio en el Congreso favorables a la reforma –PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV– han retomando los contactos para impulsar, sin aparentemente mucha fe, los trabajos de reforma de esta norma. Una modificación que en esta legislatura no ha figurado en el centro de una agenda política desbordada por la convulsa actualidad judicial y complicada todavía más por la difícil aritmética parlamentaria.

La situación en la Cámara –admiten todas las fuentes consultadas– desde luego no ayuda. Solo especular con la «letra pequeña» que puede incluir a última hora el partido de Puigdemont para apoyar cualquier texto provoca «escalofríos» en los negociadores del resto de los partidos, según reconoce uno de ellos. Tampoco hay sintonía con Podemos. Al no tener grupo propio ni se le ha comunicado la ronda de 'toma de temperatura' de esta semana, pero sus cuatro votos, llegado el momento, serían indispensables.

Estos contactos de última hora han sido en realidad el único tímido avance –más bien simbólico– acia la reforma desde que el PSOE, Sumar y Bildu anunciaran el pasado octubre un acuerdo (al que luego se incorporaron Esquerra, PNV y BNG) para retomar el cambio legislativo.

Aquel pacto para tratar de 'resucitar' los trabajos de reforma se basó en cuatro compromisos para desbloquear la negociación que naufragó en marzo de 2023, la única intentona real en una década que anduvo cerca de fructificar en una nueva ley. El acuerdo con los de Arnaldo Otegi pasaba por avanzar hacia la prohibición del uso de pelotas de goma y de las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta (cuestiones ambas que, en realidad, no son materia de la ley de seguridad ciudadana), además de dulcificar los artículos sobre las faltas de respeto y la desobediencia a los agentes de la autoridad.

Al margen de este preacuerdo con Bildu, todo lo demás ha sido ruido. Como cuando hace un año, sin encomendarse a nadie, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció a bombo y platillo que «la 'ley mordaza' va a ser derogada», tras «cerrar» un supuesto acuerdo con el PSOE. La realidad era otra. Sumar y los socialistas ni siquiera se habían sentado a negociar. Los contactos se referían exclusivamente al plan de regeneración democrática que Sánchez iba a anunciar el día después.

Así las cosas, hoy por hoy, el único cimiento para una futura reforma es ese pacto con Bildu, que trata de de recuperar lo máximo del fallido texto de 2023. Entonces, los seis partidos favorables a la reforma en la pasada legislatura –PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts–llegaron a acuerdos en 36 artículos de los 54 preceptos de la norma. Incluso hubo pacto en dos puntos que crearon controversia hasta el último minuto: las sanciones por falta de respeto a los agentes y por «la desobediencia o resistencia a la autoridad». Todo parecía hecho.

Pero el 14 de marzo de 2023 la Comisión de Interior del Congreso firmó el acta de defunción de aquella reforma por disenso de última hora. Y eso que el intento era, en realidad, un cambio bastante acotado, muy alejado de la derogación. Todo naufragó por la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar lo que calificaron entonces de «simples retoques cosméticos».

El atasco de 2023 en la reforma de la 'ley mordaza' se produjo fundamentalmente por diferencias sobre las pelotas de goma y las deportaciones exprés en las vallas fronterizas con Marruecos. Ahora, sobre la primera manzana de la discordia, Bildu y los partidos del Gobierno trabajan sobre la propuesta de llevar el asunto a una disposición adicional (ya que no es una materia de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana), que prevé «protocolos específicos» a fin de recurrir siempre a los «medios menos lesivos» en la contención de masas.

La propuesta de disposición adicional pactada no habla de prohibir las pelotas como tal. Textualmente reza:«Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos».

En cuanto a las expulsiones en caliente, el acuerdo con Bildu tampoco las veta. Solo contempla que la futura ley de seguridad ciudadana deberá llevar una disposición adicional en la que el Ejecutivo, en el plazo de seis meses, abordará la modificación de la Ley de Extranjería para «reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte». La única diferencia con el texto que el Gobierno y el PNV propusieron en 2023 y que Bildu rechazó es que la reforma legal se haría en un año máximo.