Chivite intenta recomponerse y persona al Gobierno navarro en la causa ante el Supremo

El Ejecutivo de María Chivite argumenta que «ha podido ser víctima de los hechos que se están enjuiciando» porque «al menos parte de las empresas citadas en dicho informe policial han resultado adjudicatarias de obra pública». En concreto, el Gobierno navarro expone que se han podido producir daños para la Hacienda foral por la comisión de actuaciones ilegales en estas licitaciones públicas.

La presidenta autonómica asegura que la personación como acusación particular ante el Tribunal Supremo se argumenta «en defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra». Chivite recuerda que ella misma ha ordenado tres auditorías como «garantías adicionales» para una «transparencia reforzada», aunque, insiste, «sin constar ilegalidad en ninguna de las adjudicaciones del Gobierno de Navarra».

En esta complicada tarea para restablecer cierta normalidad en la labor diaria del Gobierno y del partido tras el tsunami de las revelaciones de la trama, la Comisión Ejecutiva del PSN decidió este viernes que Ainhoa Unzu sea la nueva portavoz de los socialistas en el Parlamento de Navarra en sustitución de Ramón Alzórriz, que esta semana dimitió tras informar a Chivite de que su pareja trabajó entre 2021 y 2024 en Servinabar, la empresa investigada por la UCO.

Unzu, con un perfil dialogante, tendrá la misión de mantener en la cámara navarra los apoyos que sustentan al Gobierno Foral en un momento en que socios como Podemos expresan sus dudas sobre la viabilidad del Ejecutivo.

Mientras tanto, las pesquisas siguen ofreciendo información sobre los implicados en la trama. Antxon Alonso Egurrola, el empresario guipuzcoano investigado por el cobro de mordidas en la red corrupta, ha podido embolsarse hasta 14 millones de euros por la participación de sus empresas en seis contratos de obra pública en la Comunidad Foral. Según Diario de Navarra, la mayor parte (9,4 millones) corresponde a la adjudicación del túnel de Belate, obra que está todavía en fase de ejecución y que, por tanto, no ha cobrado en su totalidad, aunque sus futuros ingresos sobre esta infraestructura se quedarán en el aire si prospera su expulsión de la UTE por parte del socio mayoritario, Acciona Construcción.

El dueño de Servinabar 2000 SL y Alegure SL –entre los años 2017 y 2022– ha ingresado 4,6 millones, una vez descontado el IVA, de las cinco obras adjudicadas y ejecutadas: el macropabellón de deportes Navarra Arena, el Archivo General, el colegio público del municipio de Arbizu y dos promociones de VPO en Erripagaña, un barrio de Pamplona. Antxon Alonso figura como administrador único de Servinabar, aunque en el registro realizado por la UCO de la Guardia Civil se encontró un contrato de venta del 45% a Santos Cerdán, de acuerdo al informe que redactaron los agentes.

Todas las adjudicaciones en Navarra de compañías de Alonso se han realizado a través de participaciones en uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona Construcciones –en el caso de Belate también participaba Osés Construcciones–. Esos seis contratos ascienden a casi 86 millones, sin contar el IVA. Con impuestos incluidos, la facturación llega a los 106 millones.

La parte correspondiente a cada empresa en un contrato público depende de varios factores, como la contabilidad de la maquinaria y el personal que aporta al conjunto de la obra, la adquisición de materiales y otros factores, con una liquidación final de gastos e ingresos.