Un peligrosísimo choque de trenes
Si el Gobierno Sánchez pensaba aprovechar la conmemoración del medio siglo de la muerte oficial en la cama del dictador Franco, ayer, y del inicio, ... hoy, de la compleja Transición hacia la democracia, es evidente que, esto también, le ha salido mal.
El contundente informe de la UCO sobre las corruptelas del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y ayer la histórica decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y al pago de una indemnización de otros 10.000 a la pareja de Ayuso por revelación de datos reservados agravan la polarización y suponen otro peligrosísimo choque de trenes.
Por primera vez, un fiscal general es condenado y tendrá que abandonar la carrera tan pronto se haga público el texto con los fundamentos de derecho del fallo. Una condena adoptada, ¡oh sorpresa!, con los 5 votos a favor de los magistrados conservadores y los 2 en contra de las togadas progresistas.
Visto el desarrollo del juicio algunos pensamos –no soy jurista– que no existían pruebas para la condena. Cuestión diferente son los indicios, que no son meras sospechas. Muchos terroristas fueron condenados a largas penas de prisión por indicios.
Falta conocer el texto del fallo. Y es que es posible que la condena se haya producido no por la filtración de la propuesta exacta del abogado del novio de Ayuso –algo desmentido hasta por seis periodistas–, sino por la nota de prensa de la Fiscalía General para desmentir la mentira filtrada por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Desmentido que, cuidado, incluye un párrafo del documento del abogado de González Amador.
Si el Supremo se ha fracturado al decidir con desconocida rapidez una sentencia tan altamente relevante, en lugar de explorar por más tiempo las escasas opciones de un pronunciamiento unánime, la política reaccionó de igual forma. Derecha y ultraderecha proclamaron la independencia de nuestro Poder Judicial y exigieron, de nuevo, la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones. El Gobierno –que ha clamado durante meses por la inocencia de García Ortiz– y sus socios de investidura cerraron filas contra la sentencia, con mayor o menor dureza.
Hoy es imposible no recordar cuando Ignacio Cosidó (PP) aseguró a sus compañeros que tenían controlada por la puerta de atrás la Sala Segunda del Supremo. O, más recientemente, a Aznar pidiendo que 'quien pueda hacer haga, y quien pueda moverse se mueva' para acabar políticamente con Sánchez. Por ello no está de más que el Ejecutivo, además de acatar como debe un fallo que no comparte, invitara a no jugar con la deslegitimación de la Justicia. Aunque desde hace tiempo cada vez sea más frecuente escucharlo a voces de la izquierda y el soberanismo.
Pese a estos nuevos pesares, Sánchez quiere seguir en La Moncloa, otra cosa es gobernar, y en breve anunciará otro fiscal general. Es evidente que el indecente escándalo protagonizado por Cerdán, Ábalos y Koldo complica al extremo la gobernabilidad. De momento, los aliados siguen sin soltarle mientras siga abierta su ventana de oportunidad. En este contexto no estaría de más que Feijóo mostrara un poco de valentía y se atreviera a presentar una moción de censura contra Sánchez, aunque la pierda, en lugar de seguir a Vox y acentuar el desgaste del PP.
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