La voladura del consenso lingüístico vasco

El PNV lo hace a través de una reforma que busca una curiosa seguridad jurídica mediante la desregulación de los perfiles para asegurar el uso (y el abuso) de la discrecionalidad de las administraciones públicas a la hora de determinar las plazas perfiladas en sus ofertas de empleo público. EH Bildu, por su parte, ha registrado una iniciativa que, por defecto, perfila la totalidad de las plazas, con alguna excepcionalidad «en el caso de que haya razones debidamente justificadas», apelando a los modelos de Galicia y Cataluña, cuya realidad sociolingüística y cercanía entre lenguas nada tienen que ver con la nuestra.

Lo cierto es que ya existe una herramienta de blindaje del euskera en las OPE, se llama decreto de perfiles lingüísticos y se articula desde 1989 a través del índice de obligado cumplimiento, es decir, el porcentaje de puestos de trabajo en cada entidad pública que deben tener requisito obligatorio de perfil lingüístico. Se calcula usando como fuente los datos sociolingüísticos de conocimiento de euskera, y son siempre índices que ya se sitúan muy por encima de la demanda real.

Muchas administraciones entienden este índice como un mínimo y han terminado perfilando un porcentaje de plazas que, en muchos casos, llegan casi al 100% de los puestos. Es decir, lejos de una supuesta ofensiva reaccionaria contra el euskera, se trata de algo mucho más sencillo, son administraciones públicas vascas incumpliendo una normativa lingüística vasca. En este contexto, CC OO de Euskadi ha representado a algunas trabajadoras que han visto peligrar sus puestos de trabajo en la Administración por la exigencia de perfiles sobredimensionados y que no responden a la realidad sociolingüística de su ámbito de trabajo.

EH Bildu y el PNV están en su derecho de presentar las iniciativas que quieran sobre la política de perfiles lingüísticos. Es más, cualquier propuesta en este ámbito tiene también una legítima aspiración con respecto a su modelo de país. Lo que no entendemos es la falta de anclaje con la realidad de dos propuestas que parten de la falsa creencia de nuestra similitud en términos de extensión social del idioma con otras partes del Estado. No, no somos Galicia, ni Catalunya, y sí, en Euskadi el euskera sufre una situación de minorización que debemos combatir, pero no a costa de excluir a las personas que, estando en edad de trabajar, no podrían tener acceso a un empleo público (+/-80% de la población trabajadora) porque no disponen de un título habilitante que certifique el conocimiento del euskera (da igual si luego lo usan o no).

Podríamos optar por los puentes en vez de por los muros y trenzar un consenso lingüístico para la gratuidad de los euskaltegis y para financiar públicamente liberaciones para aprender euskera en empresas públicas, privadas y subcontratadas. Podríamos reconocer oficialmente al 19% de la población vasca que entiende pero no habla euskera, o consensuar la evolución del sistema de perfiles usando indicadores ajustados a la realidad sociolingüística actual, con datos más recientes y fiables, y complementar los índices de obligado cumplimiento con un margen de discrecionalidad razonable de las administraciones que ayude a combatir la minorización que sufre el euskera.

Pero, en cambio, nos encaminamos con estas propuestas a un modelo social segregador del empleo en función del título de euskera, lo que coloca en una situación de privilegio a aquellas que ya lo saben o puedan pagarse su aprendizaje. Privatizar su estudio y con ello el acceso a los mejores trabajos, generando un empleo de segunda, sostenedor de nuestros cuidados y de nuestro ocio, parece un escenario más propio de sociedades laboralmente atrasistas que de sociedades modernas con una vocación de futuro integradora de todas las que queramos habitarlas y trabajar en ellas.

Nos preocupan las consecuencia, de cara al futuro, que estas políticas lingüísticas excluyentes y profundamente erradas, a nuestro juicio, pueden tener para el apoyo, la pervivencia y el futuro del euskera, que solo estarán asegurados si somos capaces de incluir en su desarrollo a todas las personas trabajadoras que van a contribuir al progreso de Euskadi, ahora y en el futuro.