Se acabó el 'win win'
Una práctica lineal del uso de la lengua vasca en una sociedad cada vez más diversa como la nuestra no es pertinente, ni justa, ni siquiera útil
En medio mundo se conoce como 'win win' la relación en la que ambas partes se benefician y obtienen ventajas. Una fórmula que inspiraba nuestro ... peculiar modelo bilingüe. Peculiar porque el caso español es infrecuente en el panorama de las sociedades plurilingües. En España, y consecuentemente en Euskadi, con la Constitución democrática optamos no solo por la preservación en su ámbito de los idiomas minoritarios, sino también por incrementar su extensión, para avanzar hacia comunidades autónomas con un bilingüismo más equilibrado. Con ello ganábamos todos.
Seguramente, no éramos conscientes de las dificultades que tal recorrido integrador hallaría, ni de los problemas que esta original fórmula de convivencia lingüística podría generar. Tampoco fuimos capaces de anticipar en aquellos momentos un escenario demográfico como el actual. Y posiblemente, con excesivo optimismo, no pensamos que los consensos iniciales se mostrarían, claramente en el caso vasco, tan precarios. Con todo, las comunidades autónomas bilingües, la nuestra entre ellas, lo son ahora más, y no menos que cuando comenzamos la andadura democrática.
Si al comienzo de este proceso la población considerada vascohablante apenas suponía una cuarta parte del total de los habitantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la actualidad supera ya el 40% de su censo. Incluso en una situación de pérdida de peso de la población autóctona, ha crecido el número de personas para las que la lengua vasca, sola o en compañía, es su primera opción comunicativa. Y algo similar ocurre con su uso en el ámbito familiar: el porcentaje de quienes la utilizan aumenta, de forma igualmente muy leve, pero significativa.
Ello no evita la preocupación. En primer lugar, porque estamos en un universo cultural distinto con prácticas comunicativas nuevas. Además, la prospectiva indica que, por efecto de movimientos demográficos, pueden llegar a desaparecer los 'arnasgune', expresión que podríamos traducir como respiraderos de la lengua vasca, localidades en las que la transmisión lingüística se realiza básicamente en euskara. Aunque no sea sencillo, sí parece pertinente, y posible sin pretender desbordes constitucionales, articular medidas para que esos intercambios lingüísticos se sigan produciendo en esta lengua.
Con todo, siendo una actuación imprescindible para facilitar el mantenimiento de unos usos lingüísticos, no se puede olvidar que el número de personas que reside en estos municipios es extremadamente reducido. La mayoría de vascohablantes reside en localidades en las que el euskara tiene muchísima menos relevancia en el intercambio lingüístico. Un hecho nuevo en su magnitud que es consecuencia también de movimientos de población, pero muy especialmente de su mayor conocimiento, precisamente el otro objetivo perseguido desde el comienzo.
Ahora bien, facilitar un uso más amplio de la lengua vasca en entornos en los que su presencia es inferior al 20% o al 40% no puede suponer implantar medidas precisas para localidades donde su utilización supera el 80%, como está ocurriendo actualmente.
Una práctica lineal para una sociedad diversa como la nuestra, y que cada vez lo es más, no es ni pertinente ni justa, y ni siquiera resulta útil. La experiencia con la generalización en la enseñanza del modelo D, íntegramente en euskara, independientemente del entorno sociolingüístico de los estudiantes, es una desgraciada muestra.
Hoy, hemos olvidado aquel inicial 'yo gano y tú ganas'. Un acuerdo básico de nuestra legislación, como reconocen quienes requieren su modificación, que pretendía extender y no restringir, y en ningún caso proteger los usos lingüísticos de los vascohablantes privando de derechos a quienes no lo son. Una acometida, liderada por quienes nunca participaron de aquel pacto, que pone en juego bienes de excepcional importancia, pero muy especialmente nuestra propia convivencia democrática. Porque la exclusión de un grupo provoca precisamente eso, la quiebra del derecho y la ruptura social.
Así se evidencia en este siniestro planteamiento de restringir únicamente a personas vascohablantes el acceso a un gran número de puestos de trabajo, los sostenidos por fondos públicos, con independencia de cuál sea su función y ubicación. Eso pretende el proyectado 'salto' (jauzia), y que no justifican ni supuestas ofensivas judiciales, la manida 'oldarraldia' que no es más que el amparo de la ley que acordamos entre todos, ni imaginarios retrocesos de la lengua vasca que los datos no sostienen. Tratan de que solo ganen unos, aunque puede que lo que consigan es que perdamos todos.
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