Migraciones y asignaturas pendientes

En este contexto hay una que tiene una especial relevancia, y la va a seguir teniendo a lo largo del curso y de la legislatura, como es la gestión de las migraciones; mas concretamente, la distribución de los menores migrantes entre las comunidades autónomas. Se trata de un asunto que, además de continuar pendiente de solución a día de hoy a pesar ser una constante en nuestra realidad social, presenta unas características que hacen muy fácil su instrumentalización; en especial por parte de quienes no tienen inconveniente alguno en utilizar este tema como factor de agitación política como se está poniendo de manifiesto en el tratamiento de este asunto.

La forma mas usual de instrumentalizar la cuestión migratoria es vincularla con la inseguridad ciudadana; si además se produce algún hecho de delincuencia real, que nunca van a faltar, por parte de inmigrantes, se reúnen todas las condiciones para desplegar el discurso propio del populismo nacional antimigratorio. A ello hay que añadir la denuncia de la amplia utilización que la población inmigrante hace de los servicios sociales y de la carga económica que suponen las generosas ayudas que les dispensa 'nuestro' Estado social, en detrimento de la atención a los propios nacionales, con el consiguiente deterioro de nuestro modelo de bienestar social.

Es éste el discurso que, bajo formas diversas, sustenta la reacción populista antimigratoria que está teniendo una incidencia social determinante no solo en España, como se está poniendo ahora de manifiesto con motivo de la distribución de los menores migrantes, sino también en otros países europeos, en los que la cuestión migratoria es asimismo uno de los temas prioritarios de su agenda política. Hay que tener presente que este tema es hoy, en la mayoría de los Estados miembros de la UE y en la propia Unión, un factor de polarización y de fricción de primer orden, en torno al cual gira buena parte de la actividad parlamentaria y de los ejecutivos y que frecuentemente da lugar a crisis políticas que abren escenarios imprevistos.

En el tema concreto de la distribución de los menores migrantes entre las distintas comunidades, lo primero que llama la atención es que esta cuestión genere la reacción a que ha dado lugar por parte de quienes se oponen a llevar a cabo la distribución intercomunitaria. Lo único que cabría objetar es la tardanza en hacerla efectiva y lo que no es admisible es tratar de prolongar indefinidamente esta situación mediante la utilización de las instancias judiciales, como se intenta hacer, para alargar así el proceso de reasignación de los menores migrantes. No parece nada razonable, ni solidario, sostener que recaiga sobre una comunidad, en este caso Canarias, el cuidado y tratamiento de los menores por el solo hecho deque hayan sido recogidos en sus costas.

A los problemas que plantea la distribución de los menores se suma, lo que no es ninguna novedad, la gresca en torno al trato privilegiado que reciben algunas comunidades, entre ellas de forma especial Euskadi, en perjuicio de las demás, que se verían obligadas a soportar una carga adicional de la que nosotros nos libramos. Es preciso aclarar, ya que se viene utilizando reiteradamente desde algunos medios, que tal afirmación es completamente falsa, como es posible comprobar a la vista de los datos publicados estos mismos días. Es más, puede afirmarse que la cantidad de menores migrantes acogidos en nuestros servicios sociales ha sido ampliamente superior a la de otros territorios (con la lógica excepción de Canarias); sin que ello deba impedirnos redoblar los esfuerzos para reforzar nuestra labor humanitaria en este terreno.