Acuerdo migratorio necesario y conveniente

La cuestión migratoria constituye hoy uno de los principales desafíos, común a escala europea, que vamos a tener que afrontar en los próximos años, en los que no solo no va a disminuir sino que va a tener una incidencia creciente. Y al que no se va a hacer frente connavíos de la Armada, no se ve muy bien cuál puede ser su función en este asunto, sino planteando opciones realistas para gestionar unos flujos migratorios que, lejos de desaparecer, van a seguir creciendo y a formar parte de nuestra realidad cotidiana; ya lo son y lo van a ser cada vez más.

Centrándonos en el problema real que plantea la gestión de los flujos migratorios, se trata de una tarea que afecta, además de a las autoridades estatales, también a las autonómicas y, por ello, requiere la participación conjunta de ambas administraciones en las decisiones a adoptar. Resulta, por tanto, muy apropiada la convocatoria de la Conferencia sectorial para tratar sobre este asunto y acordar en común, puesto que no cabe escaquearse de la propia responsabilidad cargando toda la atención al territorio que, por su ubicación geográfica recibe los mayores contingentes migrantes, como es el caso de Canarias y de la ciudad de Ceuta).

Dada la naturaleza del problema planteado se hace necesario, más que en cualquier otro caso, tratar de llegar a un acuerdo lo más amplio posible, en lo que se refiere a las fuerzas que sostienen al Gobierno, a las que se sitúan en la oposición y en relación con las comunidades autónomas, para lo que la Conferencia sectorial convocada proporciona el marco idóneo. Lo que habría que tratar de evitar es convertir esta cuestión, polémica y sensible como ninguna otra, en un motivo más de trifulca, por si no hubiese ya suficientes, entre la oposición y el Gobierno y entre éste y los distintos territorios.

Conviene hacer esta advertencia porque, a juzgar por las manifestaciones que han venido realizándose estos últimos días por parte de cualificados representantes de algunas formaciones políticas, no parece que se esté creando el clima adecuado para favorecer los acuerdos entre partidos y entre comunidades sobre la distribución de los menores migrantes,ni sobre la necesaria reforma de la Ley de Extranjería, que son las cuestiones a tratar en el encuentro. Más bien da la impresión de que este asunto puede convertirse en un episodio más, otro más, de la continua gresca (anti)política que viene siendo habitual entre nosotros.

No es de recibo utilizar un asunto como este, que es una auténtica bomba de relojería instalada en nuestras sociedades -en toda Europa, donde constituye uno de los problemas principales como estamos teniendo ocasión de comprobar en las recientes elecciones europeas, francesas, británicas y en otros países- para hostigar al rival político, en el Gobierno o en la oposición, como viene haciéndose. Y menos aún para su instrumentalización política, poniendo condiciones difusas como se está haciendo desde la oposición o, directamente, negándose a asumir cualquier obligación en la distribución y recepción de menores migrantes como se mantiene desde posiciones soberanistas (Junts lo ha manifestado abiertamente), invocando el derecho a decidir, también en esta cuestión.

Es preciso puntualizar, no obstante, que por lo que se refiere a Euskadi y de acuerdo con los datos hechos públicos estos días, en proporción a la población, nos situamos en la primera posición (exceptuando Canarias, obviamente) de menores acogidos en nuestras instituciones públicas; liderazgo a mantener y a ser posible consolidar en lo sucesivo.

Un acuerdo político lo más amplio posible, con la participación de las principales formaciones políticas del Gobierno, la oposición y las comunidades autónomas, no solo es necesario sino lo más conveniente para afianzar un grado de estabilidad social que, de lo contrario, sería difícil garantizar. Y también puede ser una demostración de que es posible llegar a acuerdos en asuntos de interés común sin perder por ello la identidad política propia, lo que en las circunstancias actuales puede ayudar a poner fin a la deriva institucional en la que estamos inmersos.