El drama de los autónomos con deudas impagables
Mientras Madrid, Barcelona y Alicante aplican exoneraciones, los jueces en Bilbao insisten en límites que las condenan al fracaso
Aitzol Asla Uribe
Profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Deusto
Martes, 9 de septiembre 2025, 00:01
Recientemente, este periódico publicaba cómo los jueces españoles están abriendo la puerta a perdonar deudas públicas de autónomos muy por encima de los 10.000 ... euros que marca la ley. La noticia es esperanzadora, pero hay un problema que debe preocuparnos: esa revolución judicial aún no ha llegado plenamente a Bilbao. Y cada día que pasa sin que nuestros juzgados se sumen a esta corriente es un día más de condena económica para cientos de empresarios vascos. Como administrador concursal activo en los juzgados de Bilbao y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Deusto, veo cada semana el drama de autónomos atrapados en deudas impagables. El empresario del metal en Basauri que mantuvo quince empleos hasta el último día, la comerciante del Casco Viejo que vendió todo para pagar nóminas, el hostelero de Santurtzi que siguió abriendo durante la pandemia aunque cada día perdía dinero. Todos comparten el mismo destino: deudas con la Hacienda Foral y la Seguridad Social que jamás podrán pagar y que les impiden cualquier posibilidad de recuperación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus sentencias de abril y noviembre de 2024, estableció que los Estados pueden limitar la exoneración de deudas públicas, pero los jueces deben evaluar la proporcionalidad en cada caso concreto. No se trata de aplicar automáticamente un límite, sino de valorar si ese límite tiene sentido en la situación específica del deudor. El Tribunal Supremo español, en su sentencia 450/2025 del pasado marzo, ha reforzado esta interpretación, abriendo la puerta a exoneraciones muy superiores a los límites legales cuando la aplicación estricta frustraría el objetivo de proporcionar una verdadera segunda oportunidad.
Madrid lidera esta aplicación: el Juzgado Mercantil número 19 ha concedido exoneraciones totales de deudas públicas superiores a 100.000 euros. Alicante, Barcelona, Valencia siguen el mismo camino. Pero en Bilbao, salvo excepciones puntuales, prevalece la interpretación restrictiva. Un auto del Juzgado Mercantil número 3 de octubre de 2023 aplicó estrictamente el tope de 10.000 euros, condenando al deudor a arrastrar una deuda residual que hace imposible cualquier recuperación.¿Qué gana la Hacienda foral manteniendo en sus libros deudas de 200.000 euros de un autónomo arruinado? Nada. Son deudas incobrables, ficción contable que no aporta un euro a las arcas públicas. Mientras tanto, esa persona no puede reemprender, generar empleo ni contribuir a la economía. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Los datos de otros juzgados que ya aplican esta doctrina demuestran que no hay efecto llamada ni aumento del fraude. Los requisitos de buena fe siguen siendo estrictos. Solo se benefician empresarios honestos arruinados por circunstancias ajenas: crisis sectoriales, pandemia, subida de costes. El retorno económico de permitirles reemprender compensa cualquier pérdida contable. Artunduaga, Ugaldeguren, Zorrotza... nuestros polígonos industriales están llenos de naves vacías que fueron empresas prósperas.
Detrás de cada cierre hay una familia rota, un proyecto destruido. Muchos de esos empresarios podrían volver a emprender si nuestros jueces aplicaran la doctrina europea con la misma determinación que sus colegas de otras ciudades.No hablamos de activismo judicial. Hablamos de aplicar el derecho vigente de forma inteligente y humana. El TJUE y el Supremo han marcado el camino. Solo falta que nuestros magistrados den el paso. A los jueces mercantiles de Bilbao: tienen en sus manos cambiar vidas. No les pedimos que violen la ley, sino que la interpreten conforme a la jurisprudencia más reciente. Evalúen cada caso. Pregúntense si mantener una deuda impagable sirve a algún propósito útil. Al legislador: mientras otros juzgados avanzan, el Congreso mantiene bloqueadas las reformas necesarias. La fragmentación política no puede ser excusa para perpetuar una injusticia. A los autónomos vascos: no se resignen.
La doctrina existe, el derecho les ampara. Busquen asesoramiento especializado y luchen por su segunda oportunidad. Bilbao siempre ha sido ciudad de emprendedores que se levantan tras caer. No podemos permitir que nuestros empresarios tengan menos oportunidades que los de Madrid o Barcelona. La revolución de la segunda oportunidad debe llegar ya a nuestros juzgados. Es cuestión de justicia y de futuro.
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