Otro revolcón judicial

Las instituciones de Euskadi actuaron a contracorriente el pasado viernes al acordar la prórroga hasta el 13 de febrero de la obligación de mostrar el certificado para asistir a actividades de ocio y sociales y extenderla a sectores hasta ahora exentos, cuando varias comunidades han prescindido de él al cuestionar su eficacia. Si ese hecho resulta llamativo, también lo es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo vuelva a reprochar al Gobierno vasco la falta de la debida fundamentación en el escrito en el que pide autorización para esta iniciativa, sujeta al aval de los jueces y que ha de ser «adecuada», «necesaria» y «proporcionada», como establece el Supremo. La resolución es contundente al sostener que «difícilmente se puede justificar la ampliación a nuevos espacios de una medida restrictiva de derechos fundamentales» cuando los contagios y la ocupación hospitalaria están en descenso y la gran mayoría de la población ha sido vacunada con una tercera dosis de refuerzo.

El pase covid ha incentivado a inmunizarse a personas que se habían negado a hacerlo, una tarea en la que probablemente ya le quedaba escaso recorrido, pero ha fracasado con estrépito -como era previsible- a la hora de contener la avalancha de positivos por la variante ómicron. El Gobierno vasco tiene plena legitimidad para censurar el auto judicial y puede encontrar argumentos para recurrirlo. Pero no debiera utilizarlo como excusa en un hipotético repunte del virus ni para caer en el victimismo, sino hacer una revisión autocrítica de su actuación y reforzar la pedagogía con las medidas preventivas para impedir la falsa imagen de que la pandemia ha finalizado.