Nuevo discurso en seguridad
La lucha contra el delito reincidente que desata la alarma en Euskadi exige una labor concertada y preventiva más allá de endurecer el mensaje
Convendría que el significativo endurecimiento del mensaje oficial sobre la situación de la inseguridad ciudadana en Euskadi no se quede en la retórica y venga ... acompañado de medidas proporcionales a la realidad de la delincuencia, con el fin de prevenir los errores de diagnóstico cometidos en el pasado. El cambio de discurso que ha asumido el Departamento vasco de Seguridad obedece, según su tesis, a la creciente preocupación detectada en la población y al peso de las estadísticas en la persecución del delito, agravadas por el fenómeno de la reincidencia que ha desatado una comprensible alarma social. Pero sobre todo exige una labor concertada entre los poderes públicos que prime la eficacia y evite el resbaladizo terreno del compromiso de tintes electorales.
Superado el ecuador del mandato municipal y foral en el País Vasco, el consejero de Seguridad ha decidido abordar «sin complejos» el debate sobre la base del repunte de los delitos más graves -homicidios y agresiones a mujeres- y un cambio de discurso al que hasta ahora se resistían sus predecesores. La decisión de que la Ertzaintza facilite ahora el origen/procedencia de los detenidos ha permitido al Gobierno autonómico abrir otra espinosa discusión al vincular de algún modo delincuencia e inmigración -la estadística revela que el 60% de los arrestados son españoles y el resto, extranjeros aunque solo el 14% de la población vasca proceda de otros países-.
En realidad, se ha verbalizado. Tras el apuñalamiento mortal de un joven magrebí en el barrio bilbaíno de Solokoetxe en una discusión con una cuadrilla de origen sudamericano, el Gobierno vasco rompió una regla no escrita al relacionar el constatado aumento de armas blancas con la llegada de «extranjeros sin arraigo». Los alcaldes se suman al debate. En Bilbao, se habló de «culturas donde el valor de la vida es diferente». En Vitoria, «contundencia y policías a las calles». Y en San Sebastián, cárcel o expulsión para los delincuentes que «no saben convivir». El señalamiento podría ser una reacción lógica cuando se detuvieron a 850 reincidentes en Euskadi el año pasado, el doble que en 2019. Pero los datos exigen con claridad una mayor coordinación no sólo entre jueces, fiscales y fuerzas del orden público. Sino entre instituciones sociales capaces de integrar la inmigración reacia a la convivencia para que sea una compañera de viaje en la evolución social hacia la diversidad y no una carga sin valores ni referentes.
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