El calambre final

Hasta ahora la ciudadanía ha dado más muestras de enfadarse con las compañías eléctricas que con las instituciones políticas. Por ejemplo, en Euskadi, en 2020, un 30% de los ciudadanos reconocía que había perdido su confianza en las compañías energéticas en el último año. En verano de 2021, eran un 70% de vascos los que creían que las grandes compañías suministradoras de energía no habían estado a la altura durante la crisis pandémica. Los distintos gobiernos y los partidos que los sustentan suelen dedicar mucho tiempo a cuidar su imagen pública y a intentar sintonizar con las mayorías sociales porque está su supervivencia en juego. En cambio, las grandes compañías energéticas no han priorizado en su estrategia la importancia de rebajar el creciente rechazo popular.

El último mes ha entrado en el debate público la explicación de la compleja factura de la luz, pero hay más temas. La transparencia y la rendición de cuentas en este sentido es fundamental para intentar recuperar la confianza ciudadana, pero no es suficiente para generar un relato que sitúe las compañías energéticas como un aliado imprescindible para que las energías renovables y la extensión del autoconsumo hagan posible el escenario futurista libre de CO2 que dibujan las instituciones europeas, españolas y vascas. Por ejemplo, las resistencias que hay en las zonas rurales al desarrollo de las necesarias infraestructuras fotovoltaicas y eólicas se mitigarían si fueran acompañadas siempre de procesos en los que se tuvieran en cuenta los intereses de los ciudadanos afectados para desactivar la desconfianza que hay hacia estas empresas.

El teatro de la política, la escenificación simplista de que EH Bildu o Podemos defienden a los ciudadanos y que el PNV solo se preocupa por la cuenta de resultados de las eléctricas no es un espacio donde los ciudadanos puedan recibir la información adecuada sobre el papel que tienen las grandes empresas en la transición energética que requiere la lucha contra el cambio climático. Las grandes empresas tienen que priorizar la comunicación de su innovación social para que sus inversiones en tecnología sean entendidas como beneficiosas para toda la sociedad. La sensación extendida de que todos han arrimado el hombro durante la pandemia menos las grandes compañías energéticas puede obligar a los gobiernos democráticos a medidas indeseables para sus negocios. La simpatía ciudadana también les debería de importar.