En el ecuador de una legislatura incierta

Ya la constitución de las cámaras y las incidencias en torno a la investidura auguraban que se trataba de una legislatura con características muy peculiares en relación con cualquiera de las que la antecedieron; lo que se ha puesto de manifiesto de forma reiterada a lo largo del bienio transcurrido. En cualquier caso, y más allá de las incidencias en el arranque la legislatura, su característica más distintiva, que ha marcado su evolución, ha sido el complicado mapa parlamentario resultante de las últimas elecciones generales (23-J, 2023).

De ellas surgió un Congreso en el que resultaba, y resulta, muy difícil articular una mayoría parlamentaria clara y estable, lo que ha obligado a combinaciones extrañas que no tendrían lugar si la composición del Congreso fuera otra. El hecho de que en el Senado sí exista esa mayoría clara no altera la situación parlamentaria, dada la posición secundaria que esta última Cámara tiene en el entramado institucional. Por otra parte, la escasa diferencia en votos entre las dos formaciones políticas con más apoyos -PP y PSOE, 1,4% en favor de la primera- no permite hablar de un triunfador claro, menos aún cuando el que ostenta ese escaso margen diferencial en votos no tiene ninguna posibilidad de articular mayoría parlamentaria alguna.

En estas condiciones, las realmente existentes en el inicio de la actual legislatura que lo siguen siendo en su ecuador en el momento actual, la falta de una mayoría parlamentaria digna de tal nombre, que no hay que confundir con ocasionales mayorías numéricas para salir del paso en las votaciones, es el principal factor condicionante. Y lo que explica los términos, manifiestamente mejorables en los que se viene desenvolviendo la legislatura, incluidas las permanentes trifulcas que se suceden en las sesiones plenarias del Congreso (y también en el Senado), que han alcanzado unos niveles que no se habían dado hasta ahora.

A lo que hay que añadir un factor nuevo que está teniendo un protagonismo muy destacado en la legislatura en curso, como es la incidencia de la actuación judicial en el proceso político. Si bien este tema requeriría un tratamiento específico que sobrepasa los limites de estas líneas, es preciso hacer una referencia ya que constituye uno de los factores claves que esta condicionando, y va a seguir haciéndolo con mayor intensidad, las relaciones institucionales del sistema político en su conjunto. Sirva como muestra el caso del procesamiento del fiscal general del Estado, que aparte de los aspectos estrictamente procesales y penales, tiene una proyección y unas repercusiones políticas de primer orden que no cabe ignorar.

En todo caso, el ecuador de la legislatura proporciona siempre una buena oportunidad para plantear cuales son las expectativas reales sobre su continuidad y en qué términos puede ser factible. A la vista de la experiencia acumulada estos dos últimos años, una primera tarea a abordar es la articulación de una mayoría parlamentaria con un cierto grado de cohesión política, sin lo que no es posible afrontar con un mínimo de seriedad la actividad política a desarrollar a lo largo de lo que queda de legislatura. Y, aunque sea de pura lógica, evitar reincidir en los mismos errores cometidos hasta la fecha, que no han sido pocos y en la mayoría de los casos evitables.

No se trata de prolongar, como sea, la legislatura dos años más porque puede ocurrir que, si no hay condiciones reales para ello, el coste político de ese empeño genere más problemas de los que se trata de resolver. Tampoco soluciona nada clamar insistentemente por el fin inmediato de la legislatura para acabar con el 'sanchismo' porque la alternativa sería peor que la existente. A falta de otra cosa mejor, el paréntesis agosteño puede servir para extraer enseñanzas de esta primera mitad de la legislatura y evitar así reincidir en los errores cometidos en ella.