Abuso de poder

La sentencia del 'caso Margüello' es un demoledor relato sobre un despótico modelo de funcionamiento que ha de ser desterrado

Abuso de poder
EL CORREO

La sentencia sobre el 'caso Margüello' conocida ayer pone el foco en prácticas inadmisibles en la Administración vasca, que deberían abochornar a sus responsables y servir de acicate para redoblar los controles sobre el uso que recibe el dinero de los ciudadanos. La Audiencia de Bizkaia ha condenado a nueve años de inhabilitación a dos exaltos cargos del Gobierno de Ibarretxe y a siete a la supuesta testaferro de uno de ellos por prevaricar en la concesión 'a dedo' de contratos a una trama de empresas que intermedió con clínicas concertadas para aliviar las listas de espera de Osakidetza. El exjefe de Calidad del hospital de Cruces José Carlos Margüello y el exdirector de Sanidad José Ramón Elorriaga han eludido la cárcel al ser absueltos de los delitos más graves que pesaban sobre ellos: malversación de caudales y fraude. El fallo es un demoledor relato sobre un despótico modelo de funcionamiento que viola las más elementales normas del buen gobierno y que, aún así, no fue detectado ni corregido por los superiores jerárquicos de los encausados ni por los servicios que han de velar por la legalidad en las actuaciones del Ejecutivo. Sus 92 folios ilustran sobre la «grotesta arbitrariedad y abuso de poder» de Elorriaga para beneficiar a firmas controladas por Margüello, con quien mantenía una relación de amistad. Para ello, en una cadena de flagrantes irregularidades, vulneró «a sabiendas» los principios de legalidad, publicidad y concurrencia que han de regir las adjudicaciones en el sector público, e impuso su «voluntad y capricho» sobre los procedimientos administrativos y las advertencias de los informes técnicos. La aparente contradicción entre este comportamiento propio de una república bananera, que ha de ser fulminantemente desterrado, y las penas impuestas se fundamenta en que el tribunal no observa un perjuicio económico «cuantificable» para las arcas públicas porque los servicios adjudicados -cuya necesidad no entra a juzgar la Sala- fueron «efectivamente prestados». Aunque se trate de un caso absolutamente excepcional, la sentencia confirma la necesidad de aplicar la máxima transparencia en la gestión pública como una exigencia democrática y para defender el prestigio de las instituciones.

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