El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Más concretamente, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, trasladó a los sindicatos su objetivo de alcanzar de manera «rápida» y «ágil» un acuerdo plurianual para el periodo 2026-2028 que mantenga el poder adquisitivo del colectivo y que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable. Además, accedió a pactar la subida pendiente de este año «claramente diferenciada», según comunicaron ambas partes tras este primer encuentro.

Así, el Gobierno presentará dentro de dos semanas, el próximo día 19, una oferta concreta para este ejercicio y los tres siguientes bajo la promesa de que no pierdan más capacidad de compra, puesto que, a día de hoy, acumulan una merma de más del 20% desde 2010, según cálculos de CSIF. El acuerdo salarial tendrá una parte económica fija y otra variable, previsiblemente vinculada al IPC y al PIB, aunque por el momento se desconocen los porcentajes. Será, por tanto, un acuerdo similar al último firmado para el periodo 2022-2024, que también contemplaba una subida retributiva fija y otra variable en función de la evolución de los precios y de la economía. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo un 9,5% (aunque cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba en ese entorno del 10%), puesto que se cumplieron las condiciones para abonar el 1,5% variable, lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

Desde UGT Servicios Públicos y CSIF exigieron una subida específica para 2025 «inmediata» que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero, ya que, de lo contrario sería aceptar una congelación salarial en 2025 para tres millones y medio de empleados públicos, algo a lo que no están dispuestos.

Pero la parte económica no será la única que se pacte en este acuerdo plurianual, que pretende incorporar otras medidas organizativas que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía. En esta línea, se tratarán otros temas como ofertas de empleo público más ágiles para simplificar procesos y acortar los tiempos desde que se oferta una plaza hasta que se cubre, puesto que en la actualidad ese plazo puede llegar a tres años, y medidas para reducir la temporalidad -según denunció UGT-, así como otras mejoras laborales.

«Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde», explicó la secretaria de Estado.

Desde CSIF valoraron la voluntad del ministerio, pero avisaron de que el calendario de movilizaciones sigue vigente hasta que se concreten las mejoras.

La próxima reunión será el próximo martes, 11 de noviembre, y se centrará en la parte de empleo.