El Superior de Justicia ratifica el despido del directivo de Gamesa que se pasó a ELA
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la sentencia del juzgado de lo social de Bilbao que en marzo avaló el despido ... del directivo de Gamesa, Alberto Marauri. El ejecutivo desempeñó diversos puestos de dirección en el área de recursos humanos de la compañía hasta que decidió dar un giro a su trayectoria profesional convirtiéndose en delegado del sindicato ELA. Marauri fue incluido en el Expediente de Regulación de Empleo que afrontó la compañía por los problemas financieros que le llevaron a firmar más de 2.400 millones de pérdidas entre 2020 y 2022. Esa inclusión fue en el primer listado, en 2023, sin nombres, pero sí con una identificación de «posiciones» lo que hizo que la afección al trabajador fuera evidente.
Por ello, el después delegado de ELA denunció a la empresa por su despido que reclamó como nulo por ser representante sindical. Una demanda que fue rechazada en primera instancia y que el afectado recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según confirmó ayer EL CORREO, que tuvo acceso a la sentencia, el TSJPV ha avalado también el despido de Marauri señalando que «queda probado que no solo no existe vulneración de un derecho fundamental, sino que utilizó al sindicato ELA para librarse de su despido».
Según las sentencias, ha quedado probado que la inclusión en el ERE del exdirectivo del área de recusos humano era previa y conocida antes de que decidiera afiliarse a ELA y presentarse como delegado de la plantilla. Un movimiento que los pronunciamientos judiciales encajan en un intento de blindarse a posteriori por parte del empleado.
Alberto Marauri anunció a principios de 2023 que se pasaba al sindicalismo a pesar de que había ocupado cargos directivos en Gamesa durante 17 años. En concreto, tal y como quedó acreditado en el juicio, participó como representante de la empresa y firmó un expediente de rescisión de contratos de 2018, al tiempo que su salario bruto anual en el momento del despido ascendía a 129.000 euros anuales.
Antes del primer juicio la empresa ofreció una propuesta de acuerdo al empleado, pero éste la rechazó.
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