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Los contribuyentes vascos con salarios inferiores a 110.000 euros son los que disfrutan del tratamiento fiscal más favorable del conjunto de España gracias a ... la nueva reforma fiscal, aprobada hace dos meses en las Juntas Generales de los tres territorios. Se corrige así una situación en la que Euskadi penalizaba a las rentas más bajas con más impuestos que en el resto de comunidades, lo que contrastaba con la tradición histórica de ofrecer un mejor trato.
El País Vasco recupera así su ventaja fiscal como el territorio con menor carga para los contribuyentes con rentas bajas. Una posición que había cedido el año pasado al congelar el umbral exento de IRPF en 14.000 euros, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), establecido en los 16.576 euros anuales. Esta situación, acompañada del buen funcionamiento de la economía, ha permitido a las haciendas forales superar récords de recaudación mes tras mes.
La reforma, aplicada con efectos retroactivos desde el 1 de enero, anula la tributación del IRPF de cualquier persona que perciba un salario igual o inferior que el SMI. La ventaja se extiende a quienes ganan hasta 20.000 euros, que no estarán obligados a hacer la declaración fiscal anual y su empresa no les retendrá ninguna cantidad. En la práctica, quienes solo obtengan rentas del trabajo en ese umbral quedarán al margen del impuesto. El resto de tramos, en cambio, seguirán prácticamente igual.
Aunque la nueva normativa tributaria afecta al ejercicio fiscal completo, no será hasta el 1 de julio cuando las rentas más bajas noten este ahorro en su bolsillo. Es cuando entra en vigor la nueva tabla de retenciones, que establece que quienes ganan menos de 20.000 euros anuales dejarán de sufrir descuentos en sus nóminas por parte de la empresa para pagar a Hacienda. Pese a que quienes estén por debajo de esta cantidad no estarán obligados a hacer la declaración de la renta, si la hacen el año que viene, que es cuando se declara el ejercicio 2025, saldrán ganado porque durante el primer semestre se les ha retenido de más.
20.000 euros
es la cantidad hasta la que los vascos están exentos de hacer la declaración de la renta
Esta adecuación del mínimo exento de abonar el IRPF no se ha dado todavía en Navarra. Según el Informe sobre Fiscalidad Autonómica y Foral elaborado por el Consejo General de Economistas, en esta comunidad las retenciones comienzan a aplicarse a partir de unos ingresos anuales de 14.500 euros, con un tipo de del 8%, tomando como referencia el perfil tipo de contribuyente empleado para la elaboración del análisis comparativo entre todos los territorios: una persona menor de 65 años, soltera y sin descendencia.
En el resto de las comunidades autónomas del régimen común, en cambio, se vive un intenso debate a cuenta de la tributación del salario mínimo. El desencadenante de la disputa, todavía no resuelta, fue la decisión del Ministerio de Hacienda, en manos de la socialista María Jesús Montero, de no ajustar el umbral mínimo exento a la última subida del SMI.
Montero sostiene que el SMI ya no es un salario de subsistencia, por lo que debería contribuir al sistema como cualquier otra renta. Trabajo, en manos de la ministra Yolanda Díaz, argumenta que esta retención anularía el efecto de la subida salarial. La disputa se zanjó en falso el mes pasado, cuando ambos ministerios acordaron introducir una bonificación en la cuota del IRPF para que los perceptores del salario mínimo no tributen este ejercicio. Sin embargo, la medida tiene un carácter temporal y su continuidad depende de futuras negociaciones.
Si bien la reforma fiscal alivia la presión sobre los salarios más bajos, los tramos medios y altos se mantienen prácticamente inalterados. El informe del Consejo General de Economistas indica que a partir de los 110.000 euros Madrid se convierte en la comunidad autónoma que ofrece un tratamiento fiscal más favorable, reforzando su magnetismo frente a otras regiones con sistemas tributarios más exigentes. Esta característica ya llevó al anterior Gobierno vasco, encabezado por Iñigo Urkullu, a acusar a la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso de practicar el «'dumping' fiscal» para retener talento con este y otros impuestos.
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