Las rentas bajas en Euskadi sufren el bloqueo de la reforma fiscal en las haciendas vascas

Pero mientras tanto, la tabla de retenciones en vigor establece que a una persona sin hijos que perciba la cuantía del SMI -15.876 euros anuales- se le debe retener mensualmente para Hacienda el 6% del sueldo, que suman 952 euros en un año. Vista la intención de las diputaciones será una cantidad que se recuperará cuando estos ciudadanos presenten la declaración de la Renta en mayo de 2025. Lo que no evita la paradoja de que los que perciben las rentas más bajas tengan que 'prestar' dinero al fisco vasco y esperar unos cuantos meses para su devolución. Es también una diferencia de criterio con lo realizado por el Gobierno central, que sí ha modificado su tabla de retenciones, lo que ha provocado que una persona que perciba el SMI en Burgos o Logroño no sufra ninguna mengua en su nómina por parte de Hacienda, mientras sí ocurre en Euskadi.

El complicado equilibrio que tienen PNV y PSE en las Juntas Generales convierten la fiscalidad en un terreno resbaladizo. Solamente tienen mayoría en Bizkaia, pero en Álava y Gipuzkoa deben contar con el apoyo de uno de los partidos de la oposición. La tabla de retenciones es un decreto que puede aprobar la Diputación, pero va ligado a una norma foral de IRPF que modifica los tipos impositivos y que, esta sí, requiere aprobación del pleno de Juntas Generales. Esa falta de consensos, la llegada del nuevo Gobierno vasco y el horizonte de final de año para alumbrar la nueva reforma han terminado por retrasar hasta entonces cualquier cambio. Una situación que ha provocado estas consecuencias para las rentas más bajas. Los gobiernos de Bizkaia y Álava en marzo y abril insistieron en que tratarían de avanzar las medidas paliativas y adelantarlas, pero el caso es que no se ha concretado en nada.

Otra de las iniciativas que está pendiente es la ayuda fiscal de hasta 200 euros para las personas con ingresos por debajo de 35.000 euros. Fue una contrapartida que reclamó el PSE a cambio de asumir un ajuste en todos los tramos del IRPF (la deflactación). Ha estado en vigor en 2022 y en 2023 y benefició a cerca de 840.000 vascos. Estos podían acceder a ella en la presentación del IPRF, que se realiza a ejercicio vencido entre mayo y junio. Pero en este 2024 no está en vigor y permanece pendiente de las medidas que se contengan en la reforma. Así que si con esta se desea paliar tanto el efecto de la subida del SMI, como mantener el bono fiscal de 200 euros, deberá recoger estas medidas con carácter retroactivo a 2024. De lo contrario este ejercicio quedará en el limbo para esas líneas de ayudas dirigidas a las rentas más bajas.

La apuesta es, por tanto, dibujar toda la política en un debate y una votación para concentrar en un solo momento la gestión de esas mayorías en las Juntas de Álava y Gipuzkoa. Llevar varias iniciativas fiscales a lo largo del año abriría la oportunidad de acabar aprobando normas forales muy alejadas de los proyectos planteados en el inicio por los Ejecutivos territoriales. El ejemplo es reciente: la deflactación del IRPF para este ejercicio salió aprobada 'in extremis' en Álava y Gipuzkoa gracias al apoyo del PP. La formación liderada en Euskadi por Javier de Andrés podría plantear, a cambio de su voto, un precio más elevado. Especialmente dada la creciente tensión con el PNV tras los rifirrafes entre sus portavoces en el Congreso, Miguel Tellado y Aitor Esteban. Un choque que terminó esta semana con la acusación de De Andrés al presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, de «alquilar» las siglas a los socialistas en Madrid.

La otra alternativa para el apoyo en la aprobación de medidas fiscales reside en Bildu. Y la coalición de izquierdas no se conformaría con elevar el mínimo exento en el IRPF al SMI, iría mucho más allá. Es el complicado puzzle en el que encajar las piezas del acuerdo para la política fiscal que va a requerir algo más que las llamadas a los pactos que viene realizando el nuevo lehendakari, Imanol Pradales.

Además todo coincide en un momento en el que las haciendas ven cómo se frena el ritmo de su recaudación. La suficiencia de ingresos para garantizar unas políticas públicas de calidad se ha convertido en un 'mantra' en los portavoces institucionales para las líneas de los nuevos impuestos.

El caso es que el montante total de lo ingresado por el fisco hasta julio ascendió a 10.188 millones, solo un 1% más que en los siete primeros meses del pasado año. El contexto, con la moderación de la inflación y elementos extraordinarios como las devoluciones en el IRPF a los mutualistas, ha terminado por alterar el paisaje fiscal vasco. Quedan lejanas las expansiones de recaudación que en 2022 rozaban el 10% o en 2023 un 6%.

También es verdad que en este tiempo, la tesorería que las administraciones públicas vascas tienen en el banco ha crecido hasta los 11.000 millones. En solo tres años, de 2021 a 2023, las haciendas han ingresado 2.693 millones más de lo que habían presupuestado. Un impulso apoyado especialmente en el IVA durante las subidas de precios de los dos últimos años y en el comportamiento del empleo.