Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Estas estimaciones están basadas en previsiones de la Airef y en datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Tesoro y «pueden considerarse conservadoras respecto al escenario actual», detalla el texto pese a tomar como referencia las previsiones del crecimiento del PIB nominal superior al 4% en una estimación que califican de «optimista» y el cumplimiento estricto por parte de todas las comunidades de los objetivos déficit. En cualquier caso, la fundación no asume en sus simulaciones que se vaya a producir ninguna condonación de deuda pública autonómica en poder del Estado.

Los factores que guían este cambio, según la fundación son dos: el importante aumento de los tipos de interés al que se enfrentan las haciendas autonómicas respecto al periodo 2015-2021, cuyo nivel prevé que se mantendrá constante en los próximos años, y el elevado volumen de deuda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en febrero que el Estado condonará un total de 83.252 millones de euros de deuda autonómica de la que se beneficiarán todas las comunidades del régimen, independientemente de si tienen deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) u otros mecanismos de financiación extraordinaria. Aunque se esperaba su aprobación para finales de 2025, es probable que se retrase hasta principios de 2026 debido a la falta de consenso político.

El informe difundido este martes sitúa a Cataluña como la región más penalizada por esta tendencia. En 2028, la Generalitat tendría que destinar 2.822 millones más al pago de intereses, 1.800 millones de euros más de los que abonó en 2022. Le sigue la Comunidad Valenciana con 1.976 millones (1.500 millones más), la Comunidad de Madrid con 1.585 millones y Andalucía con 1.537 millones (800 millones más en cada caso). En términos relativos, los mayores en La Rioja (una subida del 739%), Canarias (un 510%), Castilla-La Mancha (390%) y Comunidad Valenciana (433%).

Fedea pone el foco en una serie de implicaciones de política económica «de gran relevancia». La primera es que, bajo los supuestos establecidos (déficits moderados y un crecimiento del PIB superior al 4%), la ratio de deuda pública sobre PIB se reduciría hasta el 19% en 2028. Sin embargo, los gastos por intereses más que se triplicarían en tan sólo 6 años. «Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda».

La segunda consecuencia es «las comunidades deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden estar contemplando». Fedea advierte de que estas admnistraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, «dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales».

En total, la fundación estima que el volumen de deuda regional absoluto aumentará en 45.854 millones de euros entre 2022 y 2028. Esto se explica por el aumento del nivel de deuda observado entre 2022 y 2024 (18.857 millones de euros), la necesidad de financiación del déficit previsto en 2025 junto con los déficits pendientes de ejercicios anteriores (12.346 millones), el pago de las liquidaciones 2008 y 2009 aplazadas a veinte años (3.774 millones) y la necesidad de financiar los déficits previstos entre 2026-2028 (10.877 millones). Esto da lugar a un montante de deuda pública de 362.944 millones de euros en 2028.

Sin embargo, precisa Fedea, al considerar la deuda pública en porcentaje del PIB se observa una reducción de 4,8 puntos porcentuales que se explica por el aumento del PIB previsto por el Ministerio de Economía. La ratio de deuda sobre PIB se reduciría en 2028 hasta el 19,1% desde el 23,9% de 2022.