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La venta del IMQ a Adeslas fue una compleja operación empresarial que tocó una de las fibras más íntimas de Bilbao, donde la compañía goza ... de una presencia que la convierte en identitaria. Cuatro años muy intensos que terminaron en 2023 con una operación en la que la aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña adquirió el 75% del IMQ por 225 millones. Un dinero, que tras un enfrentamiento casi cainita entre los médicos del Igualatorio, fue aportado en la primera ventana de compra, en la que se pagaron 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos que ostentaba cada uno de los médicos accionistas.
El abono fue aceptado por casi el 80% de los 1.140 accionistas del IMQ, que cedieron así el control de la empresa a cambio de una serie de compromisos ofrecidos por Adeslas para mantener el modelo de asistencia del Igualatorio y el arraigo en Euskadi, donde cuenta además con una presencia notable en Álava y, algo menor, en Gipuzkoa.
Pero la cosa no ha acabado todavía porque se abre un nuevo capítulo con Hacienda. Según ha confirmado EL CORREO, la Diputación afronta ahora una revisión de las declaraciones que presentaron los accionistas del IMQ por las plusvalías obtenidas en la venta de las acciones. Es el resultado de una reunión que tuvo lugar el pasado el miércoles entre responsables de la Hacienda vizcaína y asesores legales de la operación de venta a Adeslas y de accionistas del IMQ.
La clave de todo está en la fecha de referencia que se toma para considerar el momento en que cada accionista tomó posesión de sus títulos y a qué precio. Es una cuestión fundamental para fijar la plusvalía porque con ese valor y los 255.000 euros a los que se vendió cada paquete de mil títulos se establece la ganancia por la que pagar a Hacienda.
El IMQ no siempre fue una empresa. Era una asociación de médicos -ajena a las exigencias de las sociedades mercantiles- en la que los socios pagaban una cuota a cambio de contraprestaciones. En 2002 la legislación obligó a una reconversión. Una reestructuración que transformó la entidad en sociedad anónima tras una operación de reducción de fondos propios fechada en 2003. Entonces, los socios del IMQ se convirtieron en accionistas de la entidad con un paquete accionarial de mil títulos de un valor de 14.500 euros, 14,50 cada acción.
En una consulta tributaria, la Hacienda vizcaína comunicó entonces que la reestructuración «no daba lugar a plusvalías tributables» -no habría que pagar por esos 14.500 euros-, pero también aclaró que el valor de las acciones del IMQ eran «cero euros» y que esa sería la referencia, así como la fecha de adquisición, «a efectos de futuras transmisiones».
Fue el criterio por el que la mayoría de los accionistas se guió para declarar al fisco en 2023 la venta de sus títulos a Adeslas. Pero no todos optaron por esta vía. Según ha confirmado este periódico, la Diputación resolvió el pasado noviembre otra consulta tributaria en la que explica, en cambio, que la fecha de referencia para el valor de la acción no es la de 2003, sino que se toma, también para el valor, la de la entrada de cada médico en la asociación.
De este modo, los accionistas del IMQ pueden plantear un precio de compra que ya no es cero euros, sino a partir de esos 14,50 euros por acción. Además, fijar como fecha de valor la entrada en la sociedad de médicos, puede abrir la puerta a tener en cuenta también los pagos de cuotas de socio, así como las diferentes derramas que se plantearon para ampliar el capital en los años noventa o para la adquisición de la clínica Vicente San Sebastián de Deusto.
En aplicación de estos criterios, ya se han revisado declaraciones generando una devolución cercana a los 35.000 euros. Es la cantidad a la que puede ascender el ajuste en el caso de los accionistas más veteranos. A partir de ahora, los cerca de 900 accionistas que vendieron sus títulos están ya revisando su documentación. Cada caso requerirá un análisis particular, señalan desde Hacienda, por lo que no es posible arrojar una cifra de impacto todavía.
Lo que está claro es que, después de la reunión del pasado miércoles, la Diputación aplicará el principio más favorable al contribuyente, el criterio fijado de la segunda consulta tributaria.
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