2025 arranca con la fiscalidad vasca en barbecho y necesitada de apoyo político

El retraso acumulado en la tramitación de este cambio en el IRPF y Sociedades en el País Vasco es brutal. Tanto que acerca la idea de que se ha tratado de una dilación táctica para evitar que esa negociación política imprescindible en Álava y Gipuzkoa -innecesaria en Bizkaia donde PNV y PSE sí tienen mayoría absoluta- no se solapase con la de los presupuestos forales, que por lógica se consideraba prioritaria.

Lo cierto es que los primeros trabajos para tratar de definir los cambios en la fiscalidad vasca comenzaron en 2019 -el objetivo era aprobarlos en 2020 y aplicarlos en 2021-, pero la pandemia trastocó todos los planes. Lo urgente obligó a dejar de lado lo importante y lo cierto es que desde entonces se han acumulado las 'buenas razones' para aplazar los cambios en la fiscalidad. En 2023 el motivo para «dejarlo para más adelante» fueron las elecciones forales en el mes de mayo y en la primera mitad de 2024, las autonómicas, que condujeron a una recomposición del gabinete, con un nuevo lehendakari y también un responsable distinto para el Departamento de Hacienda.

Así las cosas estamos a punto de entrar en 2025 con una propuesta que no tiene aún el respaldo político para aplicarse en todo el País Vasco y que, en todo caso, tiene altas probabilidades de experimentar cambios, aunque sean pequeños matices. En el mejor de los supuestos, la aprobación definitiva no llegará hasta bien avanzado el primer trimestre, aunque la propia redacción de los proyectos de normas ya contempla una salvaguarda. Aquellas cuestiones que son más favorables a los contribuyentes se aplicarían con carácter retroactivo desde enero -tendrían su efecto numérico en la liquidación del IRPF que se elaborará en la primavera de 2026- y las que resulten perjudiciales no entrarían en vigor hasta enero de 2026. Esto es, para no cambiar las líneas del terreno de juego con el partido ya comenzado.

Los ejes fundamentales del proyecto de nueva normativa fiscal giran en torno a la rebaja de la presión fiscal para las rentas más bajas -estarán exentos de presentar la declaración quienes ganen menos de 19.000 euros anuales-; un mayor respaldo a los jóvenes -pasan a ser considerados como tales los menores de 36 años-, que tendrán más deducciones adicionales para la compra y alquiler de vivienda; ayudas para la compra de vehículos no contaminantes, así como ventajas para quienes decidan cobrar sus planes de pensiones privados en forma de renta y no como rescate único, que llevarán a la exención total de los rendimientos financieros que hayan generado.

Además se ha incrementado la presión fiscal sobre las rentas del capital y las plusvalías. En el Impuesto de Sociedades los cambios fundamentales afectan al aumento de las deducciones por inversión en instalaciones que rebajen las emisiones a la atmósfera, además de una deducción para incentivar los planes de pensiones de empleo, aquellos en los que las aportaciones las realizan trabajadores y empresa.

Por otra parte, la patronal vasca Confebask ya ha destacado que esta propuesta le parece «una oportunidad perdida», ya que han sido desechadas la práctica totalidad de sus ideas -quince medidas concretas- que deberían servir para impulsar la inversión en Euskadi, así como la tracción y retención del talento profesional.