Falciani

La reciente detención en Madrid de Hervé Falciani cuando iba a participar en una conferencia pública en la Universidad Pontificia de Comillas, bajo el título 'Decir la verdad es heroico', reabre la polémica sobre los confidentes infractores ('whistleblowers'). El filtrador de información de buena fe se sitúa ante una delicada disyuntiva: de una parte transgredir la ley robando y revelando datos confidenciales, y de otra ser fiel a su conciencia y denunciar actividades fraudulentas e incluso de índole criminal. La primera decisión convierte a quien la adopta en un delincuente, ya que delinque al transgredir la norma vigente. La segunda le erige en el pilar de la construcción democrática, donde todos vienen obligados a defender el bien común, amenazado, en el caso que aquí nos ocupa, por la existencia de unas jurisdicciones opacas llamadas paraísos fiscales.

Como informático de la institución financiera HSBC, en su filial de Ginebra, Hervé Falciani se apropió de información comercial relativa a posiciones y movimientos de 24.000 clientes del banco amparadas en el secreto bancario suizo, y en 2008 las entregó primero a las autoridades anticorrupción francesas y más tarde a las de Italia, Alemania, Reino Unido, EE UU y España. En todos estos países se destaparon importantes casos de delito fiscal. En España, donde reside, la delación sirvió para descubrir 659 fraudes y aflorar más de 6.000 millones de euros evadidos. Todo ello con los datos de una sola sucursal de un solo banco helvético y solo en el periodo transcurrido entre 1997 y 2007.

Suiza reclama de nuevo la extradición de Falciani, acusándole de cuatro delitos tipificados en su Código Penal: espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. Por lo anterior, el Tribunal Penal Federal suizo condenó en 2015 a Falciani a cinco años de cárcel.

Falciani ya había sido detenido en Barcelona en julio de 2012 a causa de la orden de arresto emitida por Suiza. Felizmente, la Audiencia Nacional rechazó en su momento la petición helvética al considerar que los delitos de los que se le acusa en Suiza (fundamentalmente la violación de secreto bancario) no están tipificados como tales en la legislación española y el italo-francés fue puesto en libertad en diciembre de ese mismo año. Más aún, el tribunal consideró que los datos entregados constituían «actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección». No parece probable la entrega de Falciani a Suiza, pese a la reiteración de la demanda de extradición, por tratarse de 'cosa juzgada'.

Un punto crítico lo constituyen las normativas de cobertura de las actuaciones delatoras, que cuentan con procedimientos fragmentados o insuficientes en la mayoría de ordenamientos jurídicos. Doce países han dictado protocolos aceptables de protección y EE UU y Canadá son los que más han regulado dicha conducta ofreciendo sólidas garantías a los delatores. La normativa española de prevención de blanqueo del dinero establece la obligación inequívoca de reportar al Seplac, el servicio competente del Banco de España, no solo cualquier tipo de actividad ilícita conocida, sino incluso su simple sospecha. Mientras tanto, países como Suiza siguen haciendo del blindaje informativo una pieza esencial de su afamada industria financiera.

¿Cómo encasillar a los delatores? ¿Ladrones, 'hackers', espías, chantajistas, buscadores de notoriedad? ¿O tal vez testigos de la tenue y a veces heroica voz de la conciencia? Regular los derechos y obligaciones de sujetos como Hervé Falciani, Rudolf Elmer, Edward Snowden, Julian Assange, los autores de los 'Luxleaks' y una larga lista adicional de confidentes resulta, en cualquier caso, central para contrarrestar los estragos que la jurisdicciones ocultas ocasionan a la credibilidad de la Justicia con mayúsculas.

Las noticias que circulan sobre las motivaciones pecuniarias iniciales de Falciani son contradictorias. Tirar de ese hilo no añadiría posiblemente más que confusión y desprestigio al tema. Pero si no cabe disculpa para motivos bastardos en un confidente, menos disculpas cabrán para impedir que el peso de la ley recaiga sobre quienes promueven y dan cobertura a actividades ilícitas organizadas. Debe aprovecharse desde el Estado de Derecho y la cooperación internacional cualquier resquicio para plantar cara al permanente desafío lanzado por esas jurisdicciones sin rostro, llamadas cínicamente 'paraísos' fiscales.