Comienzan las obras del cable submarino para la conexión eléctrica entre Francia y España a través de Euskadi
Esta semana se han iniciado las actuaciones en Capbreton y a finales de mes será el País Vasco quien arranque las operaciones una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental
La obra faraónica que permitirá establecer una conexión eléctrica entre Francia y España de 5.000 MW a través de un cable submarino de 300 km que atraviesa el Golfo de Bizkaia ya está en marcha. Las actuaciones han comenzado, además, casi a la vez por parte de los dos países. Así, este mismo lunes en la localidad francesa de Seignosse, cerca de Capbreton, se han inciado las primeras actuaciones tras el visto bueno del Ministerio de la Transición Ecológica de Francia. Desde España se espera dar a finales de mes este mismo paso una vez que, según han confirmado fuentes de Red Eléctrica a EL CORREO, se ha obtenido ya la Declaración de Impacto Medioambiental.
Las obras se prolongarán hasta 2027 y cuentan con un presupuesto de 2.850 millones que se repartirán España, con un 54%, y Francia con el 46% restante. Además, la Unión Europea aportará otros 800 millones. El cable unirá la localidad gala de Cubnezais con la vizcaína de Gatika y supondrá una serie de contrataciones para compañías vascas que ascenderán a 400 millones de euros.
Esta infraestructura es clave para el sistema energético en España que, cuando las fuentes renovables no funcionan, encuentra en Francia un suministro eléctrico fundamental gracias a los reactores nucleares de Francia. La conexión elevaría la potencia actual de envío de 1,7 GW hasta los 5 GW. Este punto de depencia español es en el se había apoyado el Gobierno galo para pedir una mayor financiación por parte del sistema ibérico.
Y es que la falta de acuerdo sobre el pago de las obras estuvo a punto de hacer encallar el proyecto. La actuación se encareció 1.000 millones por el aumento de coste de las materias primas y los cambios de trazado. La pretensión del país presidido por Emmanuel Macron era que España asumiera el 62,5% del coste por un 37,5% para Francia. El acuerdo definitivo se alcanzó el pasado mes de marzo entre la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador eléctrico francés, la Commission de régulation de l'énergie (CRE).