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«El Gobierno tiene todo el derecho en esgrimir la leyes nacionales para tomar sus decisiones, pero lo de la consulta pública... ¡Una consulta pública! ... Eso ya fue el colmo. España se juega mucho en esto y tiene que tener mucho cuidado con este tipo de maniobras que políticamente quizá pueden ser útiles pero que son terribles para la imagen de la cuarta potencia de la Unión Europea».
En efecto, nos referimos a la polémica opa de BBVA al Sabadell y quien habla es un destacado ex alto cargo comunitario que conoce a la perfección los entresijos de Bruselas. Porque Bruselas, no nos olvidemos, sigue siendo el kilómetro cero de la política española aunque haya pasado más de una década del estigma que supuso aquel rescate financiero de 41.300 millones. Por cierto, un préstamo del que aún debemos más de 25.000. Pero bueno, esta es otra historia.
Hablamos de la opa más politizada de la historia reciente de la economía española. El Gobierno, muy presionado por el establishment catalán, ha decidido cruzar varias líneas rojas (ahí tienen la consulta pública de la que nada se sabe) para intentar que la operación fracase. Este martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevó al Consejo de Ministros el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que sea el pulgar del presidente, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el que decida el futuro de la opa. En realidad, no puede vetarla (al menos no en este momento) pero sí puede hacer la vida imposible a BBVA endureciendo las condiciones de compra para, en última instancia, intentar que el banco vasco desista en sus objetivos por dejar de ser atractiva la operación.
Todos estos movimientos están provocando una ola de preocupación en el eje Bruselas-Fráncfort-Londres. No deja de ser sintomático que el propio martes por la noche, tras conocerse la previsible decisión de Cuerpo, fuentes comunitarias se apresuraran a advertir de que «la Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación de la Unión Europea y no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados».
¿Significa esto que Bruselas quiere que salga adelante la opa? No, ni mucho menos. Lo que quiere es algo tan sencillo como que se cumplan las reglas de juego en un sector tan regulado y sistémico para la estabilidad de la UE.
Un sentimiento similar se vive en Fráncfort, sede del Banco Central Europeo, institución que tardó medio minuto en dar su plácet a la opa. Oficialmente evitan hablar del asunto pero conviene no olvidar la frase de su vicepresidente, Luis de Guindos, pidiendo «profesionalidad» a todos los estamentos que deben pronunciarse sobre el tema.
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Bruselas, Fráncfort... Y Londres. Sí, la City, la gran capital financiera. «Hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones porque hacen mucho daño a la credibilidad y a la imagen que tenemos de cara a los grandes inversores», advierte un alto dirigente bancario español que está viendo desde la barrera la opa pero que es muy consciente del daño reputacional que se puede generar para la 'marca España'.
De momento, la pelota está en el tejado del Gobierno y no queda más remedio que esperar a finales de junio para saber qué decisión tomará Pedro Sánchez (lo hará él, nadie más) y, posteriormente, BBVA. Si finalmente todo sigue adelante, llegará el turno de los grandes protagonistas de la opa, que no son otros que los accionistas del Sabadell -¿se imaginan que después de tanto ruido deciden que no quieren vender?-. Si finalmente dan su plácet a la opa, será Sánchez quien decida si veta la fusión, un escenario que todo el mundo da por hecho. Es decir, que BBVA se convierta en el propietario del Sabadell pero las dos marcas sigan existiendo. Es el escenario peor para todos, pero a día de hoy uno de los más probables.
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