Zupiria propone revisar ahora la Ley del Menor para mejorar el control de los udalekus privados tras el 'caso Bernedo'

El Gobierno vasco da así un golpe de timón a su puesta de escena de ayer, cuando la portavoz, María Ubarretxena, y la consejera de Juventud, Nerea Melgosa, optaron por no hacer autocrítica ni asumir responsabilidades en torno al 'caso Bernedo' y aseguraron que lo único que cabe esperar es que la justicia esclarezca cuanto antes lo ocurrido en el campamento. Casi al mismo tiempo, portavoces de las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa reconocieron que la normativa actual, muy precisa respecto a la tutela de los udalekus públicos, impide un control efectivo de lo que ocurre en los campamentos privados. «Es un contrato entre una empresa y unos padres y madres. Nosotros solo podemos investigar si hay quejas», dijo la responsable foral vizcaína de Empleo, Cohesión Social Igualdad, la socialista Teresa Laespada. Fue la primera en pedir cambios legales.

Este miércoles Zupiria se ha subido a ese carro. En una entrevista radiofónica ha ratificado la «gravedad» de las denuncias presentadas por cuatro familias y ha fijado como prioridad la necesidad de «aclarar si se han vulnerado derechos» de varias menores en Bernedo. Después ha planteado la necesidad de reflexionar sobre si «la estructura normativa es adecuada para hacer seguimiento de las actividades privadas de tiempo libre y de ocio» o si «hay que revisarla». Respecto al hecho de que el Gobierno no impidiera la celebración del udaleku este verano cuando la Ertzaintza tenía indicios de posibles delitos, el consejero de Seguridad ha defendido que la primera denuncia se interpuso a finales de agosto, al acabar el campamento, «y eso ya cambia todo».

El consejero también ha asegurado que el 'caso Bernedo' está poniendo sobre la mesa «un debate sobre el modelo de ocio, sobre a dónde mandan las familias a sus hijos», que considera debe abordarse «de forma ordenada». Qué significa eso no ha quedado muy claro.