Imputan a tres técnicos del Gobierno vasco por el colapso del vertedero de Zaldibar
Declararán ante el juzgado de instrucción de Durango encargado del caso por un presunto delito de prevaricación imprudente
El juzgado de instrucción de Durango encargado de investigar el derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que murieron dos trabajadores, ha citado como investigados a tres técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco por un posible delito de prevaricación imprudente. Los tres investigados -Xabier Galdós e Idoia de la Vega, del Servicio de Inspección, y Carlos Luengo, del área de Residuos no Peligrosos-, han sido citados a declarar el próximo 28 de febrero.
Fuentes oficiales del Ejecutivo autónomo confirmaron que a dos de ellos se les cita «como técnicos pertenecientes al servicio de Inspección de la Viceconsejería de Medio Ambiente que intervinieron en el momento de la concesión a Verter Recycling -la empresa responsable de la escombrera- de la Autorización Ambiental que permitió el inicio de la explotación del vertedero». La tercera persona investigada comparecerá ante el juzgado «al haber participado en las inspecciones programadas en 2017» a las instalaciones de Zaldibar, tres años antes de que ocurriera la tragedia. El Gobierno vasco reiteró este sábado su «disposición a seguir colaborando con la Justicia».
El juez de instrucción también investigará si directivos de la empresa Geyser HPC Ingeniaritza pudieron cometer algún delito contra el medio ambiente y falsificación de documentos. En 2007, Verter Recycling encargó a esta firma que diseñara el proyecto de construcción de la escombrera y le ofreciera asesoramiento durante todo el proceso.
La escombrera de Zaldibar se derrumbó el 6 de febrero de 2020 y la lengua de residuos sepultó a dos de los empleados que en esos momentos trabajaban en las instalaciones. Tras meses de búsqueda, en agosto de 2020 fueron localizados los restos de Alberto Sololuze. El operativo de rastreo continuó hasta mediados de mayo de 2021, cuando se dio por finalizado sin que fuera hallado el segundo operario, Joaquín Beltrán.
Pocos días después de la tragedia, el 11 de febrero, arrancó la investigación judicial para tratar de depurar responsabilidades por el derrumbe del vertedero, por la desaparición (posteriormente fallecimiento) de los trabajadores y por los daños medioambientales causados. Un juzgado de instrucción de Durango inició una investigación contra tres responsables de la empresa Verter Recycling: el dueño, José Ignacio Barinaga; su sobrina, María Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe de la planta, Juan Etxeberria.
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En el sumario judicial constan informes como el elaborado por la Ertzaintza, que aprecia «indicios de criminalidad» y de haber puesto en «riesgo grave» el entorno natural y la salud de las personas. Además, varios estudios incorporados a la causa alertaban desde 2018 de importantes problemas de estabilidad en la escombrera y que se depositaban residuos no autorizados.
Reconocimiento de culpa
Un informe pericial sobre el derrumbe realizado por el Centro de Experimentación del Ministerio de Fomento (Cedex) del Gobierno central reveló que hubo errores a lo largo de todo el recorrido del vertedero gestionado por Verter Recycling, tanto en los proyectos técnicos como la gestión de residuos y el «control público de la actividad». En relación a este último aspecto, la investigación que se abre ahora deberá determinar si los técnicos de Medio Ambiente pudieron haber cometido alguna presunta negligencia en su labor que habría influido en el trágico derrumbe.
Los responsables de Verter Recycling reconocieron en julio de 2021 su responsabilidad por las muertes de los dos trabajadores al admitir que, a pesar de conocer los riesgos, no tomaron ninguna medida para corregir la actividad en el basurero. Y llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas, que recibirán una indemnización por valor de 2.750.000 euros: la familia de Joaquín Beltrán 1.450.000 y la de Alberto Sololuze 1.300.000. Todo ello se recogió en el escrito de conformidad pactado entre la Fiscalía, las dos acusaciones particulares y las defensas del propietario, la gerente y el ingeniero responsable de la explotación.
En él, los tres acusados reconocen ser autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores, por el que son condenados a un año de prisión, y de dos delitos de homicidio por imprudencia grave, por los que asumen dos penas de seis meses de cárcel. Ninguno de ellos ha llegado a entrar en prisión.
