El Gobierno vasco defiende 'Hiriko' como un proyecto de investigación que pudo tener «éxito»

El Gobierno vasco ha tenido que responder esta mañana a varias preguntas vinculadas con supuestos casos de corrupción que están siendo investigados por la Justicia y en los que están procesados destacados militantes jeltzales: 'Hiriko' y 'De Miguel'. Y lo ha hecho con argumentos similares: que está dispuesto a llegar hasta el final para averiguar qué ha pasado y aliviar los perjuicios que hayan podido ocasionar a las arcas públicas, pero también para dejar claro que tienen que ser los tribunales los que dictaminen hasta dónde llegan las responsabilidades.

En el caso de 'Hiriko', por ejemplo, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha recalcado que se trataba de un proyecto de investigación, no empresarial. «Un proyecto de investigación que podía haber tenido visos de éxito, pero que fue un fracaso en su ejecución», ha recalcado Tapia para insinuar que las subvenciones concedidas por diferentes administraciones tuvieron su razón de ser a pesar de que al final el proyecto fue un fracaso.

Una tesis que no ha compartido Carmelo Barrio, quien había presentado una de las preguntas. El representante del PP ha recordado que aunque podría ser un proyecto de investigación, «se vendió como un proyecto empresarial». Pero no ha sido la única vez que el Gobierno ha tenido que explicar su postura.

Esclarecimiento del caso

«El Gobierno vasco sí ha actuado y actuará hasta el esclarecimiento definitivo del 'caso Hiriko'». Así ha respondido, por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, al portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, que momentos antes había acusado al Ejecutivo autónomo de actuar «tarde» y a «regañadientes» para intentar esclarecer un fallido proyecto automovilístico que, a su juicio, beneficio a varios miembros del PNV y que es un ejemplo del «amiguismo» de la formación jeltzale «de toda la vida».

El 'caso Hiriko' está en los tribunales, aunque se estima que podría haber supuesto un quebranto de cerca de 70 millones a las arcas públicas por las subvenciones que recibió tanto del Gobierno vasco como del central cuando José Luis Rodriguez Zapatero estaba en La Moncloa. Se trata de una cuestión que, además, ha llegado en varias ocasiones al Parlamento vasco. En esta ocasión, Maneiro ha cuestionado al lehendakari sobre qué posición tiene su gabinete una vez conocidas la postura de la Fiscalía. El representante de UPyD ha recalcado que, en su opinión, el Gobierno vasco no ha querido actuar para aclarar el fondo del caso y ha pedido a Urkullu que diga si se trata de un «fracaso empresarial» o si para él «hay algo más detrás». Incluso, Maneiro ha instado al Ejecutivo a «pedir perdón».

Urkullu ha respondido que a quien le corresponde dictaminar si hubo delito es a la Justicia, que el Gobierno ya está personado en la vía judicial y ha subrayado que el compromiso de equipo «contra la corrupción es firme y completo».