Ninguno de los 329 aspirantes de la prueba de la abogacía se presenta en euskera

En 2019, de los 279 presentados, siete hicieron el examen en euskera y un año antes, en 2018, fueron también siete de un total de 244. Además de vascos, también acuden a Bilbao futuros profesionales del Derecho desplazados desde Cantabria y otras comunidades. El déficit del euskera en la Justicia queda patente también en otras realidades, como que en los últimos tres años no se ha celebrado ningún juicio íntegramente en esta lengua, pese a que 21 jueces de los 239 (un 9%) destinados en el País Vasco acreditan tener el nivel C1. Y ello a pesar de que el Departamento de Justicia y Trabajo del Gobierno vasco destina 1,2 millones de euros a impulsar el uso de este idioma y a que un 29% de los alumnos que cursan el grado de Derecho en la Universidad del País Vasco (UPV) en los campus de Leioa y San Sebastián, son euskaldunes.

La prueba se realiza en todo el país, es única y no tiene límite de plazas. Una de las seis sedes en las que los licenciados en Derecho podían examinarse era en Bilbao. Estaba prevista para el pasado 28 de marzo, pero tuvo que suspenderse por el confinamiento. En la capital vizcaína se ha registrado un incidente. Cerca de un centenar de participantes no pudieron acceder al examen por problemas técnicos, por lo que no llegaron a completarlo, según explica el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Carlos Fuentenebro. La comisión evaluadora se reunió ayer para decidir qué hacer con este centenar de aspirantes. Al cabo del año se convocan dos pruebas como ésta. Sólo si la superan, los abogados pueden colegiarse y ejercer como tales ante los tribunales, por lo que es una criba fundamental en sus carreras.

En toda España se han presentado 6.553 aspirantes a través de la plataforma AVEX cedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La evaluación, que se prolongó durante tres horas, está organizada por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo General de la Abogacía. La corrección de los exámenes tardará unas 48 o 72 horas, aunque el próximo lunes, 6 de julio, a través de la página web del Ministerio, se publicarán las plantillas con las respuestas correctas.

Generalmente, el porcentaje de aptos suele ser elevado, aunque también hay algún suspenso que puede presentarse a la siguiente convocatoria. Será en octubre y ya se ha anunciado que también se realizará por vía telemática. El resultado se evalúa en un 70% con los aciertos del examen y en un 30% con la nota del máster o curso de formación especializada que se les exige tras acabar de grado de Derecho, que dura cuatro años.

El test incluye 75 preguntas, 50 sobre materias generales y 25, específicas. Para completar la primera parte disponían de dos horas y de una para la segunda. Cuando la convocatoria ha sido presencial, los solicitantes podían elegir una especialidad, entre laboral, contencioso-administrativo, penal y civil-mercantil, pero una vez que veían el examen, si les resultaba demasiado difícil, podían cambiar sobre la marcha. En esta ocasión, con la prueba 'on line', no existía esta opción. Otra diferencia es que no se puede utilizar móvil o manuales legales de consulta. Esta prohibición resulta imposible de hacer cumplir a distancia.

El comité evaluador está formado por un representante del Ministerio de Justicia, otro del de Ciencia, Innovación y Universidades, un representante de la comunidad autónoma donde se celebra el examen, un abogado con más de cinco años de ejercicio, un profesor universitario y un representante del Consejo General de la Abogacía.