Mungia intenta frenar el pago de 5,2 millones a los vecinos de La Bilbaína
El juez le otorga dos meses al Consistorio para abonar esa suma, en ejecución de una sentencia firme que da la razón a la urbanización
El Ayuntamiento de Mungia ha presentado una alegación de última hora ante la Justicia para intentar paralizar el pago de 5,2 millones de euros ... a los vecinos de La Bilbaína. El pasado día 17, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Bilbao otorgaba al Ayuntamiento un plazo de dos meses para entregar esa elevada suma de dinero a la Comunidad de Propietarios Monte Berriaga. Y lo hacía en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior que condena al Consistorio a hacerse cargo de los costes que los residentes en esa urbanización soportan para el mantenimiento de diversos servicios, cuya responsabilidad corresponde, en realidad y según han dictaminado los jueces, a la Administración local.
En el auto al que ha tenido acceso EL CORREO, el magistrado advertía al Ayuntamiento de que le impondría multas si no cumplía el fallo que da la razón a los vecinos. Sin embargo, los abogados que representan a los intereses municipales han presentado un escrito en el que alegan indefensión ya que no se les ha dado traslado ni audiencia previa en el proceso para ejecutar esa sentencia. El juez tendrá ahora que analizar si mantiene su pronunciamiento inicial o si, por el contrario, dicta un nuevo auto que ejecute la resolución en otros términos, como pretende la Administración local.
Los vecinos de La Bilbaína y el Ayuntamiento, gobernado por el PNV, llevan más de una década pleiteando para dilucidar quién es el responsable del arreglo de las calles, el alumbrado o las redes de aguas de una urbanización que se levantó en 1970 y en la que viven 2.066 de los 17.544 habitantes de Mungia. Sus moradores pagan unos 3.000 euros anuales de comunidad, sin contar derramas extraordinarias. Ahora mismo, los propietarios tienen en su mano una carta ganadora que coloca a los responsables municipales contra las cuerdas: la sentencia firme de febrero del año pasado, que viene a decir que las calles de la urbanización Monte Berreaga son un barrio más de Mungia y que su mantenimiento es competencia de la institución pública local.
Acciones penales
Fuentes cercanas a los vecinos apuntan que estos 5,2 millones (a los que habría que añadir posiblemente otro millón en concepto de intereses legales) son sólo una parte de la cantidad global adeudada, puesto que hay en marcha «otras reclamaciones». Entienden que esos 5,2 millones cubren solo 10 años de gastos, pero que quedaría por dirimir lo sucedido con otros 7.
El pago de una cantidad de dinero tan fuerte podría poner en peligro la estabilidad de las arcas municipales. Así lo reconoció en su día la exalcaldesa Izaskun Uriagereka, que intentó declarar este asunto como «lesivo» para el interés general. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de Mungia ronda los 20 millones de euros anuales.
Fuentes cercanas a La Bilbaína advirtieron ayer de que el Ayuntamiento ha tenido varios años para ir consignando dinero de cara a afrontar una indemnización así. Pero los responsables municipales «nada han hecho», pese a que es algo que pidieron los concejales de Asociación Cívica Monte Berriaga, la agrupación de electores que en 2011 dio el salto a la política para defender la urbanización y que, hoy en día, cuenta con dos ediles. La comunidad ha impugnado las últimas cuentas municipales por no incluir ninguna partida para garantizar el pago y avisan de que tomarán acciones penales contra el alcalde, políticos y funcionarios «si obstaculizan la ejecución de la sentencia».
«Defendemos siempre el interés general», dice el Ayuntamiento
El Ayuntamiento estima que el auto que le daba dos meses para pagar y que ha quedado «suspendido» será «anulado porque se ha cometido el error de no dar opción al Consistorio de exponer sus argumentos». Respecto a la sentencia firme que da la razón a los vecinos, la Administración local dice que «no obliga a hacer nada que el Ayuntamiento no estuviera haciendo desde hace años, pero como la Comunidad de Propietarios no está de acuerdo, nos obliga a seguir pleiteando para defender el interés general».
Sus responsables insisten en que «siempre hemos estado dispuesto a acordar la asunción de la prestación de los servicios a que hace referencia el pleito, pero no en las condiciones que exigía la Comunidad, porque eran perjudiciales para el interés general». Respecto una posible indemnización de tal magnitud (5,2 millones más intereses), el Consistorio lanza «un mensaje de tranquilidad» porque tiene «una situación económica que le permitirá en todo caso, seguir adelante con todos los proyectos que tiene previstos».
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