Getxo solicita a la Fiscalía que investigue si hay delito en la reforma de la casa de La Galea
El Ayuntamiento confirma «indicios» en las obras de rehabilitación para hacer una casa turística sin que tuviera las licencias
El Ayuntamiento de Getxo ha solicitado a la Fiscalía que investigue si los propietarios de una vivienda que se reformó sin permisos, junto al mar, sobre el acantilado de La Galea, han cometido un «delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo», según ha podido saber EL CORREO. El inmueble llamó la atención de los vecinos y transeúntes de la zona el año pasado. Fue después de sufrir una importante remodelación en la fachada y de eliminarse dos ventanas y cambiar la cocina. La modernización permitió a sus propietarios alquilar la vivienda, a través de plataformas de pisos turístico como Airbnb, y en determinados fines de semana llegar a cobrar 439 euros la noche.
La concejalía de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística ha sido la que después de varios meses analizando el caso considera que hay «indicios de delito» y decide trasladar las «presuntas irregularidades» al Juzgado. Según recuerda en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, la empresa propietaria de la casa actuó «sin licencia municipal» y además lo hizo en un lugar catalogado como «no urbanizable de mejora ambiental, con la calificación de sistemas generales de espacios libres de uso público, es decir, zonas verdes». Los ayuntamientos tienen la capacidad de acudir a los tribunales si observan un delito, mientras instruyen un expediente administrativo por una irregularidad urbanística.
Plazos caducados
La rehabilitación del inmueble se realizó sin disponer de las autorizaciones del Ayuntamiento, de la Agencia Vasca del Agua (URA) ni de la demarcación de Costas, según desveló este periódico, lo que provocó días después la apertura de dos expedientes en el Consistorio getxotarra. Por un lado, se solicitaba la restauración de la legalidad y que se demoliesen los elementos nuevos. Y, por el otro, se fijaba una sanción. Sin embargo, el procedimiento administrativo se ha alargado.
Al Ayuntamiento se le han pasado los «plazos para contestar a las alegaciones», según reconocieron portavoces municipales. Y ahora se ha visto obligado a poner en marcha un «segundo expediente» que quedará paralizado hasta que se conozca si hay un delito, afirmaron.
El concejal de Urbanismo, Álvaro González, desveló que «a veces los ciudadanos van a plazos ajustados porque lo saben y son alegaciones complejas de contestar». El edil afirmó que «vamos a mirar las causas de estos retrasos». Los propietarios de la vivienda alegan que «en los años 70 se podía vivir» en este edificio y que, por tanto, la obra es «legal». Para el Consistorio «no demostrado». «Es un tema complejo», insistieron.
