La concesionaria culpa a los amarristas de su marcha
La rescisión de la concesionaria no será tan perjudicial como se anunció hace unos días. El Consejo de Administración ejecutará el aval económico de 1,5 millones, pero a cambio recibirá 1.305.808 euros como «compensación» a las cargas que han arrastrado durante estos casi 10 meses de concesión. Podrá reclamar en los tribunales impagos por valor de 1,2 millones de euros más IVA adeudados por algunos amarristas y de 51.303 euros de alquileres no pagados.
Abra Moyua y Bycam acusan a la asociación de amarristas y comerciantes Getxo Kirol Portua GKP de «obstruccionismo manifiesto», de «dificultades que se han agravado de manera notable». Denuncia «ocupaciones ilegales y abandonando embarcaciones», un recurso contra la licitación que está en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao.
Culpan a los amarristas de entorpecer las labores para «atraer operadores en los locales comerciales» y de impedir la creación de una «base de datos» que facilitase remitir los recibos. «Ha habido nula voluntad para formalizar los contratos», añaden. También denuncian «destrozos, depósitos de residuos y daños en los inmuebles».
