La Justicia falla contra el Gobierno vasco y anula el sorteo de amarres de Plentzia

El fallo, unido a uno similar que afecta a la dársena deportiva de San Sebastián, tiene su trascendencia más allá de las fronteras de la localidad de Uribe-Kosta, ya que el Ejecutivo autonómico ha prometido que elaborará una nueva normativa para acatar el fallo y acabar con la conflictividad en el sector. Para ello abrirá un proceso de escucha por los diferentes puertos deportivos de Euskadi. El objetivo es recoger la opinión de los propietarios de las embarcaciones y buscar así iuna salida consensuada y conjunta a esta crisis.

La batalla de Plentzia surgió hace ahora cuatro años. El Gobierno vasco estableció un sistema de adjudicación diferente al sorteo puro, un proceder que se venía aplicando desde hacía mucho tiempo en la localidad de Uribe-Kosta. Las bases establecían un complejo sistema de clasificación de los barcos, a partir de sus medidas. Los pliegos de condiciones para el acceso eran muy técnicos y la adjudicación resultó polémica porque hubo patrones que se sintieron excluidos. «Sus barcos, por sus características, no encajaban en ninguno de los grupos propuestos», apuntan fuentes conocedoras del caso. «Muchos se sintieron discriminados», añaden.

El resultado del sorteo fue impugnado por unos 80 amarristas. Una decena de ellos decidieron ir más allá del plano administrativo y abrieron una batalla legal. Recaudaron dinero, contrataron abogados y apretaron el acelerador en el ámbito judicial. En julio pasado, cuatro años después del sorteo, el TSJPV dictaba sentencia y les daba la razón, anulando la concesión de las 204 plazas.

El principal argumento que han tenido en cuenta los jueces para tumbar la decisión del Gobierno vasco es que la Administración realizó una interpretación equivocada de las bases del concurso. «Añadió un requisito definitivo de límites de manga no expresamente establecido en la convocatoria ni fácilmente deducible de la Orden de la consejera (2017) que regulaba el proceso». Esto hizo que la asignación no resultara ajustada a derecho y que no cumpliera su supuesto espíritu de aprovechar al máximo la lámina de agua.

La sentencia ha sido recibida de una forma dispar en Plentzia. Hay patrones a favor y otros en contra. Proa, la asociación que reúne a un buen número de los amarristas, prefiere mantenerse «neutral». «Una de las cosas que decimos es que esto tiene difícil arreglo», admiten. El asunto está en que hay patrones que resultaron adjudicatarios de una plaza a 15 años y ahora no querrán perder su puesto si hay un nuevo sorteo. Y por el otro lado, los que se quedaron entonces excluidos esgrimen su victoria judicial para reclamar su espacio en una instalación que solo tiene 204 plazas. Nadie quedará contento.

El Gobierno vasco espera tener un borrador de una nueva orden que regule la concesión de los amarres en los puertos deportivos vascos para finales de este año. Este documento se redactará en los próximos tres meses tras abrirse un proceso de escucha con los adjudicatarios de plazas, las personas que están en lista de espera y las asociaciones de patrones de Euskadi. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, dirigido por la consejera Amaia Barredo, tiende su mano para acabar con las quejas y la conflictividad que ha agitado este sector en los últimos años. «Queremos escuchar sus propuestas y sugerencias», ha asegurado Barredo. En Bizkaia habrá un grupo de trabajo y en Gipuzkoa, dos.