Un impuesto turístico municipal al que le falta escribir la letra pequeña

Deshojada la margarita de que serán los propios consistorios quienes recaudarán este impuesto, falta por escribir la letra pequeña de la norma. Es decir, el diseño técnico y la plena cobertura legal de la normativa que regule cuánto dinero se cobrará a los turistas por pernoctar en algún alojamiento de Euskadi, a qué se destinará la recaudación o quienes estarán exentos de pagar este canon.

Después de años de negociación, con mesa de trabajo incluida, el Gobierno vasco ha cedido a la pretensión del PNV de que, como la mayoría de impuestos en Euskadi, este también sea territorial y no autonómico. Una cuestión, en apariencia irrelevante, pero que explica el retraso acumulado en la aprobación de este gravamen. La competencia, por tanto, recaerá sobre cada territorio, por lo que serán las diputaciones las que regulen y elaboren la norma foral que creará un marco jurídico para que las localidades que deseen implantar el impuesto turístico se acojan a él, siendo los propios consistorios los destinatarios de la recaudación.

Después de su aprobación, sería el turno de los ayuntamientos decidir si van a querer implementar el impuesto turístico, consideración que someterán a debate y votación en su pleno para dirimir sus detalles, que dependerán de cómo de laxa o estricta será la norma foral que salga de las diputaciones. La institución de Gipuzkoa ya se ha marcado el final de año como límite para presentar una propuesta. En Bizkaia y en Álava se desconocen de momento los posibles plazos.

Eso sí, las haciendas forales deberán elaborar la horquilla de precios que los establecimientos podrán cobrar por cada noche. Un importe mínimo y máximo, que se calculará en base a dos variables: el número de noches y el tipo de alojamiento. Es decir, un visitante que decida dormir en un hostal no pagará lo mismo que el que quiera alojarse en un hotel de lujo.

La existencia de un recargo a las pernoctaciones es una cuestión que siempre ha liderado en Euskadi el Ayuntamiento de San Sebastián, que defiende su creación para sufragar parte del sobrecoste que supone la llegada de turistas en servicios como limpieza, seguridad, transporte o mantenimiento urbano.

A comienzos de año el alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV), calculó que la ciudad dejó de ingresar el año pasado «entre 7, 5 y 8,5 millones de euros» por la ausencia del impuesto. La estimación se efectuó sobre la hipótesis de una media de 3,5 o 4 euros por turista contribuyente, teniendo en cuenta que en Donostia se contabilizaron dos millones de pernoctaciones. Una cifra considerable aunque para nada comparable con los 240 millones de media que facturan anualmente entre Cataluña y Baleares, hasta el momento las dos únicas regiones del Estado que cobran este gravamen.

El paso en España lo marca esta primera comunidad autónoma, especialmente Barcelona, donde el Impuesto sobre Establecimientos Turísticos se cobra desde 2012. Allí el gravamen se divide en dos tramos: el autonómico (ahora entre 1 y 3,50 euros) y un recargo municipal que por ahora solo le está permitido a Barcelona (4 euros). La Ciudad Condal recibe íntegramente el tramo local y la mitad de lo que recaudan sus establecimientos por el tramo autonómico.

El impuesto se ha ido actualizando al alza con los años. De hecho, el recargo municipal no empezó a cobrarse hasta 2021. Estas subidas progresivas, unidas al aumento continuo de visitantes, ha hecho que los 6,5 millones que la capital catalana ingresó en 2014, se hayan multiplicado por 16, hasta 106,5 millones el año pasado. De esa cantidad, tres cuartas partes (81,5 millones) proceden del recargo de 4 euros que aplica el Ayuntamiento, en tanto que el tramo autonómico aporta 25 millones.

El segundo caso más cercano es el de las Islas Baleares, donde este gravamen está activo desde el año 2016 y se conoce oficialmente como 'ecotasa'. Al igual que en Cataluña, el impuesto se cobra en todos los alojamientos turísticos de las islas y cruceros tanto a los turistas como a los residentes de Baleares cuando se alojan en un establecimiento.

En este caso las tarifas no hacen excepciones por isla; es decir, en Palma no se paga más que en Ibiza, pero sí por temporada. De esta manera, el montante a abonar es más elevado entre mayo y octubre que entre noviembre y abril. En temporada baja, la horquilla varía desde los 25 céntimos a pagar en un hostal al euro en un hotel, mientras que en temporada alta varía de un euro a los cuatro en el caso más caro. Dependiendo del año y de la afluencia de turistas a la isla, Baleares recauda alrededor de 140 millones de euros anuales a partir de este canon que revierten en diferentes proyectos ligados estrechamente con el propio turismo.

En ambos casos, aunque el pago de la tasa turística se considera universal, existen exenciones que exonera a los viajeros a abonar este canon, una cuestión que deberán estudiar ahora las haciendas vascas. Más allá del ámbito estatal, la tasa turística está ya implantada en más de un centenar de ciudades de una veintena de países europeos, prácticamente en la totalidad de capitales y en la mayoría de localidades importantes. En estos casos, existen diferentes modelos de tarifas. Por un lado, las ciudades que cobran un canon fijo, como puede ser París, Roma, Lisboa o Bruselas, y por otro las localidades donde el turista debe abonar un porcentaje del precio de la estancia. Este último es el caso de Berlín, Amsterdam o Viena, por ejemplo.