Los hosteleros vizcaínos ven margen para que el Gobierno vasco les indemnice por las medidas contra el covid
La mayoría recurrió la normativa autonómica y no la estatal, por lo que no dan la batalla por perdida pese a la sentencia del Supremo que exime al Gobierno central de responsabilidad patrimonial
La decisión del Tribunal Supremo de rechazar que el Estado deba indemnizar a los hosteleros por los daños causados a consecuencia de la normativa contra el coronavirus ha sentado como un jarro de agua fría en las asociaciones del sector. En Euskadi, no obstante, no dan la batalla por perdida por una razón. La mayoría de empresarios recurrió la normativa autonómica y no la estatal, por lo que entienden que, si bien la sentencia del Supremo no es halagüeña, hay margen para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración vasca (aunque también hay empresarios vascos que recurrieron el estado de alarma; en esos casos el fallo del Supremo sí parece que creará jurisprudencia).
Así lo explica el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez. «Se trata de dos situaciones distintas», asevera. Aunque los reales decretos del estado de alarma se declararon parcialmente inconstitucionales, fue el propio Tribunal Constitucional el que afirmó en una sentencia que esa inconstitucionalidad no bastaba para exigir reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Este es un elemento clave, porque la defensa de los hosteleros vascos no va contra la normativa estatal. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sí tumbó un decreto autonómico de 2021 que obligaba a los locales a cerrar si los municipios en los que están situados sobrepasan una tasa de incidencia del virus de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Ese artículo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sentencia firme. Por tanto, los hosteleros entienden que ahí sí puede haber lugar para reclamar una responsabilidad patrimonial de la Administración vasca. De hecho, la normativa autonómica es de 2021, mientras que los estados de alarma fueron decretados por el Gobierno central en 2020. No obstante, el fallo del Supremo sobre esta cuestión tardará aún en llegar, ya que ni siquiera ha concluido el plazo para interponer recurso.
