La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi

Es el segundo caso de acoso a un docente –con la gravedad suficiente para que intervenga la Policía y la Fiscalía– que sale a la luz pública en apenas una semana. El pasado domingo, EL CORREO desveló los reiterados ataques a una profesora de un centro de Plentzia, a quien cada año en fechas señaladas, como Halloween y a modo de «ritual», decenas de alumnos acosan en su vivienda con el lanzamiento de huevos y otros objetos. El caso ha conmocionado a la comunidad educativa y a la opinión pública a lo largo de estos días no solo en Euskadi, sino a nivel nacional.

En este nuevo caso, la dirección del centro público ha tomado ya medidas. Ha remitido una comunicación a las familias en la que informa de que se han dado «problemas muy graves» relacionados con los teléfonos móviles. Por ese motivo, «y con el fin de proteger mejor» a los estudiantes, los responsables del instituto recuerdan que el reglamento interno prohíbe expresamente el uso de móviles en sus instalaciones. «En consecuencia, si vemos algún alumno/a con el teléfono en el instituto, se retirará ese teléfono y tendrá que venir la familia a recoger el móvil», señala el comunicado.

Fuentes del Departamento de Educación explican que monitorizan la situación y enfatizan que el centro «ha activado el procedimiento previsto en el decreto de derechos y deberes del alumnado y se han aplicado las medidas educativas correspondientes», aunque no especifica cuáles son. Contactada por este periódico, la dirección del centro ha declinado realizar comentarios.

Al estar el caso en manos de la Fiscalía, las áreas implicadas –Seguridad y Educación– han optado por la prudencia y han rechazado dar detalles de lo sucedido cuando EL CORREO se lo ha solicitado. No especifican, por ejemplo, cuántos alumnos están siendo investigados, ni su edad. No obstante, según ha podido saber este periódico, el problema habría llegado cuando los adolescentes sacaron fotos al docente en clase y luego las difundieron por aplicaciones de mensajería en forma de memes o 'stickers', es decir, manipuladas con la aparente intención de menospreciar al docente y convertirle en objeto de burla.

El profesor afectado optó por interponer una denuncia ante la Ertzaintza, que ya ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores. Eso implica que la Policía autonómica ha identificado a los estudiantes implicados que, en su caso, deberán prestar declaración ante el Ministerio público.

Educación, en términos más generales, subraya que uno de sus objetivos es «reforzar la educación en el uso ético, responsable y respetuoso de la tecnología». «Es una prioridad del departamento» y uno de los «ejes» de la nueva estrategia digital en la que trabaja la consejería que lidera Begoña Pedrosa. «La estrategia, entre otras cosas, quiere seguir reforzando el trabajo con los centros para acompañar al alumnado, apoyar al profesorado y generar una cultura digital basada en la convivencia y el respeto», añaden las mencionadas fuentes, que también insisten en señalar que la educación digital y la convivencia son retos que exceden el sistema educativo y apelan a «toda la sociedad». Especialmente a las familias y a la educación en los hogares.

Hace unas semanas, el trágico suicidio de una menor en Sevilla por un caso de bullying volvió a poner sobre la mesa el drama del acoso escolar. Sin embargo, los problemas de convivencia a veces también impactan en los docentes. El informe del Defensor del Profesor correspondiente al curso 2024/25, elaborado por el sindicato ANPE y presentado esta semana, señala que los principales problemas que enfrentan los profesores son las faltas de respeto (las sufren el 30,3%), las falsas acusaciones (28,5%) y las dificultades para impartir clase (17,3%). El 12% sufre amenazas.

La principal vía de actuación para tratar de reconducir situaciones problemáticas con alumnos es a través de medidas educativas. En Euskadi, el decreto de derechos y deberes del alumnado contempla desde amonestaciones verbales o la obligación de hacer tareas de aprendizaje, en los casos más leves, hasta trabajos sociales en los más graves. Es lo que se decidió en el caso de Plentzia, aunque la viceconsejera Lucía Torrealday admitió que las medidas no tuvieron éxito, toda vez que el acoso persistió en el tiempo. En casos excepcionales se contempla la expulsión de los menores del centro.