El exprofesor de Gaztelueta paraliza la investigación del Papa al recusar al tribunal

Según ha podido saber este diario, Satué se ha visto obligado a suspender el proceso debido a que el equipo de letrados que defienden al antiguo profesor, que es miembro del Opus Dei, no reconocen su autoridad alegando los posibles atropellos que se habrían cometido con los derechos del acusado, que siempre ha defendido su inocencia. La Audiencia Provincial de Bizkaia, en cambio, lo condenó en 2018 a 11 años de prisión, una pena reducida luego a dos años por el Supremo, por lo que no entró en la cárcel.

La reapertura del proceso canónico el pasado septiembre causó sorpresa en diversos ámbitos jurídicos y eclesiásticos por la posible vulneración de algunos principios básicos en los derechos del acusado, aunque en la Santa Sede siempre se ha recordado que, entre los distintos títulos del Papa, está el de «supremo legislador». Francisco, de esta manera, puede hacer las dispensas que mejor considere a la legislación canónica.

Además de estas excepciones, también es objeto de críticas el hecho de que Satué, en su primera comunicación por escrito a Martínez, le instara a que reconociera su culpabilidad y pidiera perdón a la víctima, según contó el antiguo profesor de Gaztelueta en una entrevista en el portal Infocatólica. «Cualquier ordenamiento jurídico medianamente serio no permitiría esta toma de postura previa por parte de un juez», lamentó.

Entre las posibles irregularidades de este proceso canónico destaca el hecho de que se instruya contra un laico, ya que esta legislación se aplicaba únicamente con sacerdotes y religiosos hasta 2021. En su empeño por endurecer la respuesta a la pederastia eclesial, el Papa permitió desde aquel año que la Iglesia juzgue también a seglares que ejerzan cargos de responsabilidad en instituciones eclesiales. Los abusos sexuales acaecidos en el colegio del Opus Dei de Leioa, en cualquier caso, tuvieron lugar entre 2008 y 2009, por lo que habría que aplicar de manera retroactiva la reforma impulsada por Francisco.

Irregularidades jurídicas

«Mis abogados han indicado al obispo de Teruel que el principio de retroactividad de la ley va en contra de los derechos humanos. También han señalado otras irregularidades jurídicas: por ejemplo, que la Iglesia aplique la legislación eclesiástica a un laico, que el Papa -que nombra al tribunal- reciba a una de las partes y no a la otra, o que yo me entere de sus decisiones por los medios», afirma el antiguo profesor de Gaztelueta en un reciente artículo publicado en su blog personal, en el que muestra su esperanza de poder explicarse un día ante Jorge Mario Bergoglio.

Juan Cuatrecasas, la víctima del caso, sí que mantuvo un encuentro con Francisco el pasado verano en Roma; fue en el marco de una entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al líder católico acompañado por varios jóvenes que habían pasado por situaciones de dolor y violencia. Aquella conversación propició un documental emitido el mes pasado por Disney+ en el que el Papa le dio las gracias a Cuatrecasas por «la valentía de haber denunciado, porque hace falta tener pantalones para denunciarlo». También reconoció que «a veces, el que denuncia acaba siendo acusado de calumnias».

Fue el propio Pontífice argentino el que, el pasado mes de agosto, envió una carta a la familia Cuatrecasas en la que les anunciaba su decisión de abrir de nuevo el proceso tras revisar el material recopilado en la investigación anterior por la Congregación para la Doctrina de la Fe.