Iceta, tras llegar al juicio contra las monjas de Belorado: «Vengo a demostrar la falsedad y la elaboración torticera de los hechos»

El primero en llegar ha sido Iceta, acompañado de sor Amparo, una monja que «fue echada» de la comunidad a raíz del cisma, y por sor Carmen, secretaria de la federación de clarisas. «Vengo con el deseo de que se haga la luz, con luz y taquígrafos, para responder a todo lo que su señoría quiera preguntar», dijo Iceta, que rechazó las imputaciones que le hacen los abogados del convento. «Vengo a demostrar la falsedad y la elaboración torticera de estos hechos. No ha habido ningún tipo de coacción ni revelación de secretos».

El arzobispo destacó que se han destinado 360.000 euros a sostener los conventos y que ahora mismo, en abril, se han aportado 20.000. «Quizá, hay personas que no están acostumbradas a la transparencia. Ya que la Federación ha aportado 360.000 euros, qué menos que decir en qué los invertimos: pagar la luz, el agua, las multas, los impuestos, el leasing de dos coches, los seguros de otros cuatro...». El comisario pontificio criticó también la «dimensión rocambolesca» que ha adquirido el asunto: «No quiero participar en ningún festival, solo quiero que resplandezca la verdad».

El arzobispo acababa de entrar al juzgado cuando han llegado las tres primeras monjas: la abadesa sor Isabel, sor Sion y Sor Belén. «Traemos buen ánimo, no es un día malo, es importantísimo. Deseamos que se escuche la voz de la comunidad», comentó sor Isabel. «Para nosotras es una experiencia de muchísimo sufrimiento -añadió sor Sion-. Queremos ratificar lo que hemos sufrido y que el juez vea si es o no delito». A su juicio, el convento ha sido víctima de una «intromisión atropellada e impuesta desde fuera», que les ha empujado a adoptar iniciativas como la de abrir un restaurante en Asturias: «Nos hemos buscado otro modo de vida. Si nos cierran una puerta, abrimos otra».

Dentro de unos días se cumplirá un año de la publicación del manifiesto con el que las clarisas de Belorado se despidieron con un portazo de lo que ellas llaman «la Nueva Iglesia Romana Conciliar», es decir, esa que elige a partir de hoy su nuevo papa. Y, en otra curiosa sincronía, el aniversario coincide con un momento crítico en dos de los procedimientos judiciales que vertebran este enconado conflicto. Esta misma mañana, están citadas a declarar cuatro monjas de la comunidad y al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en su calidad de comisario pontificio para los monasterios de Belorado, Orduña y Derio. La comparecencia se encuadra en la investigación de la denuncia que las religiosas presentaron contra el responsable de la diócesis. Para el miércoles de la semana que viene está programada la vista sobre el desahucio del convento burgalés.

«Es un posible 'choque de trenes' entre el derecho canónico y el derecho civil», plantea Canals. Los abogados de la comunidad religiosa, Florentino Aláez y Enrique García de Viedma –hermano de la abadesa, sor Isabel de la Trinidad– argumentan en su acusación que, en su calidad de comisario pontificio, Iceta «desplegó ciertas actuaciones encaminadas a asfixiar económicamente a los monasterios y a evitar el acceso a los edificios monásticos a las propias clarisas», además de «asumir el control de las cuentas bancarias de los monasterios, cercenando el acceso a las mismas a las clarisas y, por consiguiente, dejándolas desprovistas de toda capacidad para asumir el pago de sus compromisos económicos». Los letrados reprochan que la actuación del arzobispo «haya ido encaminada a infligir el mayor daño y sufrimiento posible a las monjas» y entienden que, «en ese camino», ha incurrido en delitos que podrían ser castigados con hasta cuatro años de prisión.

Frente a esa argumentación, la oficina del comisario pontificio sostiene «la falsedad de las acusaciones» de las monjas y recuerda que la denuncia «fue sobreseída en primera instancia» por el propio Juzgado de Briviesca, aunque la Audiencia de Burgos consideró «prematura» esa decisión y ordenó que se practicase la correspondiente instrucción. «El comisario pontificio comparecerá para ejercer su derecho de defensa», explican sus portavoces, ya que, según su perspectiva, se ha limitado a llevar a cabo la encomienda que le asignó la Santa Sede: «Como comisario pontificio, monseñor Iceta está facultado tanto canónica como civilmente para ejercer como superior mayor, administrador y representante legal de los tres monasterios. Así ha sido reconocido por todas las administraciones públicas y por las entidades bancarias, y ha actuado en consecuencia, a pesar de todas las dificultades interpuestas por las exreligiosas», apuntan.

Como se ve, es un desencuentro que impregna incluso el lenguaje: para la Iglesia 'oficial', la comunidad de Belorado (con la salvedad de las cinco integrantes de edad avanzada que no se sumaron al cisma y, por tanto, no están excomulgadas) se compone de «exmonjas» o «exreligiosas», denominaciones que molestan particularmente a estas mujeres, que defienden que su condición no depende de su adscripción o no a la disciplina de Roma. «Nadie niega hoy que los lamas tibetanos, los monjes del Monte Athos o del monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí son monjes, aunque no pertenezcan a la Iglesia Católica», argumenta Canals. Por su parte, las religiosas proclaman la supuesta «ineficacia en España del nombramiento de comisario pontificio», una falta de validez que, según su manera de ver las cosas, privaría a Iceta de legitimidad para controlar sus conventos.

Este conflicto en el que se confunde lo canónico y lo civil, y que tantas veces a lo largo de este año ha derivado en chocante folletín, tendrá una nueva entrega el martes de la semana que viene. Todo apunta a que ese día se podrá celebrar por fin la vista sobre el desahucio de las monjas, que ya estuvo convocada para el pasado mes de diciembre pero se pospuso ante la dificultad de notificar la demanda a todas las interesadas. El juzgado ha fijado el 10 de junio para hacer efectivo el desalojo, pero los representantes legales de las religiosas ya han avisado de que solo se ejecutaría en esa fecha «si la parte demandada no se presenta a la vista o si la sentencia que se dicte es condenatoria y no se recurre». El portavoz Canals va unos cuantos pasos más allá: «No las moverán de la que es su casa desde el año 1352».