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Hace año y medio, un guipuzcoano consiguió que el Tribunal Supremo considerara «discriminatorio» cobrar más a los residentes de otro municipio que a los empadronados por usar un polideportivo. La sentencia venía a decir que un ayuntamiento no puede establecer «diferencias cuantitativas en una tasa» ... por la utilizaciones de frontones, piscinas y otras infraestructuras de estas características atendiendo a que los usuarios «estén o no empadronados». No es «un criterio razonable y objetivo». Desde entonces, decenas de localidades han movido ficha y han equiparado las tarifas, cobrando lo mismo a vecinos y foráneos, pero en torno a una veintena de consistorios vizcaínos de cierta entidad todavía mantienen esa desigualdad.
En Bilbao, que concentra buena parte de los usuarios del territorio, con 71.944 socios, aplican un recargo del 30% a los 3.373 no residentes que tienen un abono. En el caso del individual, por ejemplo, un vecino paga 151 euros al año y una persona de otra localidad, 196,30. Portavoces de Bilbao Kirolak diferencian entre «tasas» y «precios públicos» para justificar que el Consistorio siga cobrando más a quienes vienen de fuera. «La sentencia hace referencia exclusivamente a las tasas. Las tarifas que abonan las personas usuarias de Bilbao Kirolak son precios públicos, por lo tanto, no nos afecta ya que no somos tasa», sostienen.
El resultado, en cualquier caso, es el mismo: los de fuera pagan más. También sucede en localidades como Bermeo, donde los residentes tienen el abono por 124,35 euros y los no empadronados por 212,59; en Amorebieta (78,30 frente a 117,95); en Durango (el acceso a la piscina cuesta 127 a unos y 165,10 a otros)...
En Muskiz han decidido también mantener las tarifas de años anteriores (111 euros para locales y 182 para el resto). «Hay una disparidad de criterios y, el año pasado, asesorados por nuestros técnicos, decidimos mantener las ordenanzas», señala la concejala de Cultura y Deportes, Ainara Leiba, que puntualiza en cualquier caso que «esto no quiere decir que no lo cambiemos cuando tengamos una directriz clara».
Para Aitor Gabilondo, el letrado que consiguió que el Supremo atendiera la petición de un vecino de la localidad guipuzcoana de Elgeta abonado al polideportivo de la cercana Bergara, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y la resolución judicial son claros. Dicen que «a mismo servicio, misma tasa». Bien es cierto que «la sentencia alcanza al Ayuntamiento de Bergara y a la ordenanza», pero es «un criterio que deberían seguir» el resto de instituciones locales. Lamenta que, en algunos casos, «buscan subterfugios» para evitar su aplicación y que no sirven «las justificaciones que dan», como que «las personas empadronadas pagan impuestos y están financiando esas instalaciones, porque los no empadronados también trabajan en esas localidades o pagan otros impuestos».
Leire Alberdi, abogada de EKA/ACUV, asociación vasca de consumidores y usuarios, expone que puede haber «discriminación si se justifica bien». Pero en ningún caso por residencia. Sí sería legal diferenciar por «criterios económicos», como las bonificaciones que tienen multitud de polideportivos para personas que perciben la RGI, familias monoparentales o numerosas, desempleados, personas con discapacidad... Lo que tampoco se puede es circunscribir esas reducciones en las tasas solo a residentes, como hacen varios ayuntamientos, entre ellos el de Etxebarri, que subvenciona el acceso a las instalaciones deportivas a estos perfiles vulnerables solo si residen en la localidad. En este municipio, por ejemplo, para el público general, el precio del abono trimestral (38 euros) es el mismo independientemente de si están empadronados o no. Sin embargo, el anual (93) solo está disponible para los residentes, lo que en la práctica supone que los de fuera paguen más, ya que por todo el año abonarían 152.
El problema, coinciden estos juristas, es que «muchos ayuntamientos no están aplicando de oficio lo que supone esta sentencia». Esto, añade Alberdi, «conlleva implícitamente que el ciudadano que se ha visto afectado tenga la carga de forzar el cumplimiento presentando una reclamación». Ella entiende que, más allá de las instalaciones deportivas, a las que hace analogía el fallo, «se podría aplicar en cualquier servicio municipal».
A raíz de la emisión de este fallo, las entidades locales comenzaron a revisar sus tasas. Barakaldo, Santurtzi y Sestao, entre otros, modificaron las ordenanzas a finales de 2023, para que al entrar en vigor en 2024 ya no hicieran diferencias. En Getxo Kirolak, explican portavoces del organismo, también se dio la directriz de cobrar igual a los 21.964 empadronados y a los 2.456 no residentes, mientras que en Leioa igualaron a mediados de año tanto las tarifas deportivas como las del euskaltegi, las bodas civiles, las enseñanzas especiales...
Otros como Arrigorriaga, Güeñes, Derio... estrenan tarifas equiparadas en este 2025, al aprobar el pasado otoño en sus plenos las nuevas ordenanzas. «Ha entrado en vigor en enero y hemos elegido el precio más barato, el que tenían los empadronados, para todos», apuntan en Basauri Kirolak.
En algunos municipios, sin embargo, medidas como esta tardarán en llegar. En Sopela, el abono individual costaba el pasado año, según denunció la organización de consumidores y usuarios Facua, 16,85 euros para los residentes y 35,02 para quienes viven en otros municipios. De cara a este 2025, se han incrementado las tarifas en un 5%, pero se sigue manteniendo la distinción, según confirmaron portavoces municipales, que achacan el escaso margen de maniobra por el «contrato» que tienen con la adjudicataria del servicio.
En 2017, el Gobierno vasco, las diputaciones y varios ayuntamientos impulsaron la Mugiment Kirol Txartela, una tarjeta virtual que permite a los abonados de una instalación deportiva acceder a 180 frontones, polideportivos, piscinas... de 106 municipios adscritos en Euskadi. La idea es que los 80.620 vascos que se la han descargado, según los últimos datos del Departamento de Cultura, puedan practicar deporte en cualquier lugar. Eso sí, las condiciones de acceso dependen de cada ayuntamiento. De ahí que haya actividades, o días y franjas horarias, vedadas para los usuarios de esta tarjeta. En Trapagaran, por ejemplo, está limitada la entrada –solo a partir de las cinco de la tarde en invierno, y en ningún momento en verano– a los poseedores de la Mugiment, decisión que los usuarios achacan al aluvión de nadadores procedentes de Barakaldo, cuyas instalaciones deportivas llevan ocho meses con los socorristas en huelga.
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