PP, Podemos y EH Bildu exigen el «cese inmediato» de Marce Elorza como asesor foral

Todos los grupos de la oposición en las Juntas exigieron ayer «el cese inmediato» como asesor foral de Marce Elorza, el exalcalde de Zierbena investigado por dos presuntos delitos, uno societario y otro de malversación de caudales públicos, durante su etapa como regidor. El fiscal reclama por el primer delito «una multa de 9 meses a razón de una cuota diaria de 20 euros» y por el segundo, «una pena de prisión de 3 años y 6 meses y una inhabilitación absoluta durante 8 años». Tal y como publicó ayer EL CORREO, han llegado al Ayuntamiento costero dos facturas de 2015, que aún no han sido abonadas. Ascienden a 3.914 y 4.513 euros -algo más de 8.400 euros en total, IVA incluido- y responden a la defensa durante las diligencias previas de Marce Elorza y su teniente de alcalde, Eugenio Barquín. «Los honorarios que se han girado en 2015 corresponden a unas labores de defensa de los señores Elorza y Barquín que venimos llevando a cabo desde hace más de tres años. Están devengados y son unas cantidades muy contenidas y ajustadas», explica su abogado, Ricardo Sanz.

En mayo de 2013, cuando Elorza presidía el Consistorio, se aprobó un decreto de alcaldía que preveía que las arcas municipales sufragaran estos gastos y que lleva la firma del segundo teniente de alcalde porque el entonces regidor, Elorza, y su segundo, Barquín, no podían suscribirlo por estar «directamente relacionados», según las actas municipales. Desde el bufete de Sanz y Saiz, aseguran que «el Juzgado de lo Social acaba de desestimar la demanda de Zierbena Portua contra Barquín que le reclamaba 65.000 euros» y consideran que el pago de las facturas se ajusta al propio reglamento orgánico municipal de Zierbena. Afirman que el artículo 151 prevé que los gastos de defensa de los ediles «sean sufragados siempre que tengan que ver con su actividad pública».

En las Juntas el asunto ha despertado voces muy críticas. Para el portavoz del PP, Javier Ruiz, «es una situación surrealista que quien ha cometido presuntamente un delito por uso indebido del dinero público esté siendo defendido con cargo al erario público». Ruiz ve «al PNV muy crítico con la corrupción ajena y muy tibio y condescendiente con la propia. Su falta de respuesta en el caso de Elorza no se sostiene», censura. «Tras lo conocido hoy -por ayer- el señor Rementeria debe cesarle inmediatamente y su partido suspenderle de militancia», exige. Neskutz Rodríguez (Podemos) comparte esa exigencia: «Nos parece vergonzoso que le mantengan como asesor cuando el fiscal ya le ha acusado y hace tanto tiempo -93 días-», valora. Pero le indigna más que «se pague su defensa de delitos graves con dinero público». «Esto demuestra que las instituciones son un traje a medida de quienes las gobiernan. Hay premeditación y alevosía en hacer un decreto para tu propia defensa. Se deben tomar medidas urgentes. No entendemos qué hace todavía de asesor, que es otro caso además de puertas giratorias».

«Como el PP en Valencia»

El juntero de EH Bildu David Lopategi fue de los más críticos. «El PNV gobierna en muchos municipios de Bizkaia como el PP en Valencia. Es la misma línea. Les salen casos pueblo a pueblo y quedan pocos sin un lío», criticó. «Está claro que el código ético vigente y el acuerdo de Juntas son insuficientes. Que no nos vendan la moto con la norma foral de transparencia. Aquí hay un tema urgente y que atajar», apuntó Lopategi, antes de recordar que pedirán «responsabilidades políticas».

La socialista Alexia Castelo insiste en que «los días de Elorza en la Diputación están contados. Es cierto que nos sorprende la lentitud para la apertura del juicio oral. Pero tenemos muy claro que, en ese momento, tiene que ser cesado inmediatamente. Creíamos que, tras la petición del fiscal, la decisión del juez sería inminente y está tardando mucho más. Nos gustaría que la Justicia fuese bastante más ágil», reconoce. Castelo aboga por «analizar el decreto» que obligaría a Zierbena a pagar y subraya que «es habitual que la Administración asuma el gasto de la defensa, pero que se condicione al resultado. Si el veredicto dice que hay responsabilidad penal, lo normal sería que se le repercuta». Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa recuerda que «la dilación de la apertura del juicio no es lo mejor para el investigado» y sitúa «el abono o no de las facturas» como «una decisión que depende únicamente de la Corporación de Zierbena». Según Atutxa, «no debemos desde Juntas fiscalizar decisiones de un ente autónomo».