La defensa del exalcalde de Zierbena y de su segundo gira facturas al Ayuntamiento por 8.400 euros
El Consistorio retiene los pagos, aunque un decreto aprobado en tiempos del propio Marce Elorza, que él no pudo firmar, obligaría a abonar el servicio
Jesús J. Hernández
Sábado, 30 de enero 2016, 02:37
Un conocido y céntrico bufete bilbaíno, Sanz y Saiz Abogados, lleva desde hace años el asesoramiento en asuntos judiciales del Ayuntamiento de Zierbena. Es una ... práctica habitual contar con ese apoyo en cualquier Consistorio para poder enfrentarse a las reclamaciones que vecinos y otros afectados por decisiones municipales pueden llevar hasta los tribunales. A lo largo del año 2015 han llegado a la Casa Consistorial de este municipio costero dos facturas que responden a la defensa del exalcalde del PNV en la localidad, Marce Elorza, y su exteniente de alcalde, Eugenio Barquín. La primera de las cuantías, que están pendientes aún de pago, asciende a 3.914 euros y la segunda a 4.513 euros. Más de 8.400 euros en total. Ambas son gastos generados para su defensa en el «procedimiento de diligencias previas 2144/12» abierto en el Juzgado número 3 de Barakaldo. El fondo del caso tiene que ver con la designación de Barquín como consejero delegado de Zierbena Portua. La oposición denunció que pasó «meses» cobrando un sueldo de alta dirección -que cifraron en 51.812 euros anuales- cuando «ya no estaba al frente de la entidad» y que «lo hacía con la connivencia» de Elorza. Los dos fueron apartados en 2012 de esta sociedad municipal, dedicada a los servicios del municipio, durante el cisma interno del PNV en la localidad.
El pasado 30 de octubre, el fiscal envío su escrito de acusación contra Elorza, cuando este ya había sido contratado por el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Diputación, cargo que desempeña en la actualidad. En ese escrito provisional, se señala a Marce Elorza como acusado de un presunto delito societario y de malversación de caudales públicos durante su gestión como alcalde de Zierbena. Por el primer delito el fiscal propone «una multa de 9 meses a razón de una cuota diaria de 20 euros», pero, de probarse la malversación, podría costarle «una pena de prisión de 3 años y 6 meses y una inhabilitación absoluta durante 8 años».
Elorza continúa como asesor foral y «sin notificación alguna»
-
Han pasado 92 días desde la fecha que aparece en el escrito provisional de acusación. Tres meses desde el 30 de octubre en que el fiscal pidió para Marce Elorza «una pena de prisión de 3 años y medio e inhabilitación absoluta durante 8» por un presunto delito de malversación y «una multa de 9 meses» por uno societario durante sus años de alcalde de Zierbena. Elorza ha continuado trabajando estos tres meses como asesor del área de Sostenibilidad y Medio Natural que dirige la diputada foral Elena Unzueta, puesto que desempeña desde el verano pasado.
-
El diputado general, Unai Rementeria, sostiene de modo «férreo» que se debe esperar a que el juez admita la petición del fiscal y que comunique la acusación, de forma oficial, a Elorza. «Aún no ha sucedido», insisten desde Diputación. En la rueda de prensa celebrada el día en que se conoció la petición del fiscal, Elena Unzueta remitió a la proposición aprobada por las Juntas en enero de 2015, que posterga los ceses de altos cargos a cuando «se les incoe auto de apertura de juicio oral». Nada más acabar aquella comparecencia, una portavoz oficial declaró a este diario que la dimisión sería «inmediata» en cuanto que llegase la notificación «sin que sea necesario esperar a que se fije la fecha de la vista oral». Y no es un secreto que los partidos que sustentan al Gobierno confiaban en que los tiempos fueran mucho más breves. La juntera del PSE, Alexia Castelo, aseguró en aquella misma jornada «Es cuestión de horas o de escasos días que el juez dictamine la apertura de juicio oral».
«Sin pagar todavía»
El edil de EH Bildu en Zierbena Iagoba Yarto se ha interesado en las últimas semanas por qué hará el equipo de Gobierno municipal que dirige en la actualidad el regidor jeltzale Iñigo de Loyola Ortuzar. «Nos han contestado que no las han pagado todavía», explica. Pero el acta de una comisión de Hacienda y Patrimonio celebrada en el Consistorio el pasado 14 de diciembre arroja luz sobre el asunto. EH Bildu se interesa por la bajada en la partida de asesoría legal que el primer teniente de alcalde, Eugenio Mendikote, atribuye a que «se va procurar gastar menos», momento en que interviene el edil jeltzale Gustavo Lanbarri para explicar que «solo se va a utilizar el asesoramiento externo para asuntos puntuales. Hay algunos pliegos de cláusulas y otros servicios que de manera puntual así lo requieran, en los que se tiene previsto contar con el servicio de asesoría y lo que ha bajado es lo que hemos parado. En esta partida entra, entre otras cosas, el asesoramiento legal de Marce y de Barquín».
Las facturas están «paradas», pero la coalición no alberga dudas de que Zierbena las acabará pagando. «Porque en esa primera comisión quedó claro que se incluía su defensa jurídica. Y también por las explicaciones que nos dieron después», relata Yarto. El 18 de diciembre pasado el asunto llega al pleno municipal en ruegos y preguntas. «Queríamos conocer por qué se paga una defensa sobre unos supuestos delitos cometidos en contra de las arcas públicas y recordamos entonces que estamos hablando de corrupción y dijimos que nos parecía una vergüenza», denuncia Yarto. Entonces apareció un argumento sorprendente. «Desde el PNV explicaron que estaban en la obligación de pagar la defensa jurídica, que existía un decreto de alcaldía de 2013 de cuando Marce Elorza era alcalde en minoría, que les obligaba a ello y que no podían hacer nada», pero dejaron bien claro que «aunque les habían sido giradas algunas facturas, no las habían pagado todavía».
La nota de indignación estaba aún por llegar a los concejales de EH Bildu. «Preguntamos quién había firmado ese decreto de alcaldía, y nos dijeron que llevaba la firma del segundo teniente de alcalde porque el alcalde y el teniente de alcalde no podían firmarlo al ser directos beneficiarios», relata Iagoba Yarto. El acta del pleno resulta muy esclarecedora. El alcalde actual, lñigo de Loyola Ortuzar, explica que se trata de un decreto de mayo de 2013 «que decía que se encomendaba al despacho de abogados Sanz y Saiz la defensa judicial en la fase de instrucción de las diligencias previas». El regidor defendió que «está argumentado porque los hechos imputados a los corporativos tienen evidente relación con actuaciones realizadas en el ejercicio de sus actuaciones municipales» y recuerda que «el Tribunal Supremo en sentencia del 4 de febrero de 2002 ha fijado los requisitos que han de darse para que la corporación asuma los gastos de representación y defensa en un proceso penal». Durante todo el pleno, se insiste en que «no se ha pagado nada» hasta el momento y que el decreto se limita a las primeras diligencias. La edil de EH Bildu Eider Casanova pregunta entonces al regidor: «¿Quién firma el decreto?». Y éste, según recoge el acta, responde: «El segundo teniente de alcalde. Pone aquí que tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde estaban relacionados directamente y no podían firmar».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
