Gobierno y diputaciones pagan juntos la multa de la UE porque fueron cómplices en la infracción

La Unión Europea impuso a las diputaciones forales una multa de 30 millones de euros por el controvertido caso de los incentivos fiscales. La sanción no se estableció por haber aprobado leyes que iban en contra de la libre competencia -que al parecer iban en contra- sino por haber hecho caso omiso de las exigencias de la Comisión para que se recuperasen las ayudas. Impuesta la multa, fijada en sentencia firme por el Tribunal de Luxemburgo, Gobierno vasco y diputaciones apenas han tardado quince días en alcanzar un acuerdo curioso para el pago. El Gobierno vasco asume la mayor parte del castigo (21 millones), mientras que Bizkaia pagará 4,58 millones -la factura más elevada entre las diputaciones-; Gipuzkoa abonará 2,98 millones y los restantes 1,44 recaerán sobre las arcas de la Diputación foral alavesa.

Curioso acuerdo, cuando menos, porque inmediatamente sobrevienen un buen número de preguntas. ¿Por qué paga el Gobierno vasco una multa por una infracción que no cometió, ya que ni siquiera tenía competencias para recaudar o recuperar las ayudas? ¿Por qué Álava, que fue el territorio que más ayudas ilegales concedió a las empresas -dos terceras partes- y en consecuencia también el que más dinero debía recuperar, será quien menos abone? ¿Por qué no se han tenido en cuenta otros factores para repartir la multa como, por ejemplo, qué institución tardó más en recuperar esos incentivos? O, formulado con más humor, ¿por qué no se ha medido qué Diputación toreó más a los funcionarios de la Comisión Europea, hasta llevarles a la desesperación? No traten de encontrar respuestas a estas preguntas en las explicaciones oficiales de los responsables institucionales, porque no las encontrarán.

Muchas veces, la explicación real está oculta y en este caso lo está. Y es que Gobierno y diputaciones han decidido abonarla de forma conjunta, de acuerdo al peso de la economía de cada territorio -los 21 millones que pone el Ejecutivo de Vitoria también salen de las arcas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava en la misma proporción que los 9 millones restantes- porque también estuvieron juntos en la elaboración de las normas fiscales y, lo más importante, porque también actuaron de forma coordinada cuanto trataban de distraer a los funcionario de la UE con tácticas dilatorias. Fueron cómplices y no lo ocultan. No es que las autoridades vascas decidiesen infringir las normas por deporte, sino que lo hicieron en la creencia de que serían capaces de "engañar" a las autoridades europeas con sus argumentos y tácticas dilatorias. ¿Para qué? Sin duda, para proteger a las empresas que habían recibido las ayudas, en su mayor parte vinculadas a multimillonarias inversiones. Pero se equivocaron. No por mala fe, sino por pasarse de listos. La bisoñez propia de llevar poco tiempo en el club europeo y creer que en el País Vasco somos más hábiles que los italianos en la picaresca burocrática.

La clave la dio el pasado miércoles el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, al terminar el Consejo Vasco de Finanzas en el que se concretó, en apenas unos minutos, el reparto de la carga de la multa. Las discusiones de los días previos mantenidas por los técnicos tampoco habían sido encendidas. Desde el primero momento estaba bastante claro que debía funcionar el "Fuenteovejuna, todos a una". Algo así como "los culpables fuimos todos y asumimos la sanción, aunque a regañadientes". Por ello, Bilbao no dudó en calificar la decisión de repartir los 30 millones con el PIB territorial en la mano como "un acuerdo en clave de país". Y aunque ese planteamiento tiene matices, lo cierto es que se ajusta bastante bien a la realidad.

Durante 13 años y medio, el tiempo que transcurrió desde que la Comisión mostró sus dudas sobre la legalidad de los incentivos -coincide con su eliminaron de la legislación vasca- y la recuperación de los últimos euros ligados a este caso, la sintonía de las tres diputaciones y del Gobierno -también de la patronal Confebask, que debería encargar varias misas para dar gracias de que no le hayan pedido que participe en el pago de la multa- fue total. O casi. Y si hubo discrepancias -que en privado algunos responsables del Gobierno vasco llegaron a esbozarlas- jamás se atrevieron a manifestarlas en público, al menos con rotundidad. Ni siquiera en la etapa del Gobierno presidido por Patxi López, pese a que el PSE siempre observó con recelos las maniobras de las diputaciones en esta materia. 'Fuenteovejuna' pagará esta semana los 30 millones de euros al Gobierno central, ya que el gabinete que preside Mariano Rajoy ha adelantado el pago a las autoridades comunitarias.