El Parlamento vasco apunta a cargos del PNV como responsables del escándalo Epsilon

Toda la oposición se unió hoy para constatar la existencia de "irregularidades" en las ayudas públicas otorgadas a la empresa Epsilon Euskadi y señalar a cargos del PNV como responsables políticos de las mismas aunque sin citar nombres. Las conclusiones de la investigación parlamentaria fueron aprobadas en comisión con el único voto en contra de los nacionalistas y quedan listas para ser debatidas y votadas en pleno.

La Comisión de Investigación del Parlamento vasco sobre las ayudas recibidas por estos dos proyectos empresariales celebró esta mañana su última reunión a puerta cerrada y no hubo sorpresas. EH Bildu, PSE, PP y UPyD dieron el visto bueno a la propuesta de dictamen redactada por el presidente del órgano, el popular Carmelo Barrio, y no fueron aceptadas ninguna de las enmiendas y alegaciones al mismo

Entre ellas figuraban sendas propuestas de EH Bildu y UPyD para concretar las responsabilidades políticas con nombres y apellidos y no sólo de forma indirecta citando genéricamente a los integrantes de determinados órganos institucionales -consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y Consejo Vasco de Promoción Económica-, pero decayeron al ser rechazadas por nacionalistas y socialistas.

"Irregularidades"

El dictamen concluye que hubo "irregularidades" en la decisión del Parque Tecnológico de Álava de avalar a Epsilon Euskadi, proyecto de automoción que pretendía llegar a la Fórmula 1, para que pudiera acceder a un préstamo de 16 millones de euros teniendo en cuenta de que varios informes desaconsejaban la operación. Una operación, subraya, que implicaba necesariamente un perjuicio para la sociedad que gestiona el polígono ubicado en el término municipal de Miñano.

"Si el proyecto funcionaba, porque los ingresos eran principalmente públicos, sus promotores se hacían con una empresa que estaba tasada en 22 millones de euros habiendo desembolsado 92.333 euros por el 90%. Si fracasaba, el Parque debía adquirir la deuda con las entidades financieras", sostiene.

En segundo lugar censura el acuerdo previo adoptado por el Consejo Vasco de Promoción Económica de considerar este proyecto "estratégico" y proponerlo como beneficiario de subvenciones, ya que se adoptó "sin sólidos fundamentos industriales, comerciales y de empleo. Solamente expectativas e irreales objetivos empresariales, sabiendo que existía un riesgo alto de que Epsilon no lograra sus objetivos".

Cargos del PNV

La derivada de estos juicios, defiende el dictamen, es señalar como responsables "políticos" a los miembros del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava que aprobaron en 2009 el aval a Epsilon, consejo que presidía Julián Sánchez Alegría, actualmente imputado en el 'caso De Miguel', y las personas que integraban el Consejo Vasco de Promoción que en 2007 declaró Epsilon como proyecto estratégico.

Este órgano estaba presidido entonces por la entonces consejera de Industria, Ana Agirre. Agirre, actual viceconsejera de Justicia, estaba acompañada entre otros por los viceconsejeros Iñaki Tellechea y Manuel Urkijo, y las diputadas forales Arantza Zenarruzabeitia y Arantza Tapia. Tapia, que delegó el voto en la referida reunión de noviembre de 2007, es hoy la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco.

En total son 18 personas las que formaban parte del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y el Consejo Vasco de Promoción Económica en aquellos momentos, todas ellas en representación de instituciones gobernadas por el PNV. De hecho, casi la mitad de ellas ocupan hoy distintas responsabilidades, la mayoría como directores de área, en el Gobierno vasco o empresas públicas. El dictamen no cita los nombres y apellidos de estas personas a pesar de que EH Bildu y UPyD querían hacerlo. Sus propuestas fueron bloqueadas por PNV y PSE.