El Superior de Justicia cierra la causa penal contra la consejera Amaia Barredo
Los jueces consideran que no incurrió en un delito de prevaricación cuando autorizó una planta de residuos durante su etapa como viceconsejera de Arantxa Tapia
Carpetazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El alto tribunal ha decretado el archivo de la investigación por prevaricación contra Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, por autorizar una planta de residuos papeleros en el municipio guipuzcoano de Bergara cuando era 'número dos' de Arantxa Tapia.
La sala de lo civil y de lo penal ha considerado que Barredo no realizó ninguna actuación «arbitraria y diametralmente opuesta a las normas jurídicas, estando apoyada en una argumentación técnico jurídico». Los jueces Iñaki Subijana, Nekane Bolado, Roberto Saiz, Francisco de Borja Iriarte y Manuel Ayo sostienen que los hechos no revisten «caracteres de un delito de prevaricación administrativa».
Los hechos sucedieron cuando era viceconsejera, pero la investigación arrancó cuando era diputada foral de Medio Ambiente y Agricultura. Una vez fue nombrada consejera del Gobierno de Imanol Pradales, el asunto pasó del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria al Tribunal Superior de Justicia. Eso sí, se deja abierta la puerta a continuar con la causa contra Javier Aguirre, director de Calidad Ambiental que ahora trabaja en la Agencia Vasca del Agua-URA, o que se tramite en otras instancias si se busca la anulación del proyecto en Bergara.
Denuncia de la plataforma Larramendiko Arnasa
La investigación tiene su origen en una denuncia de la plataforma vecinal denominada Larramendiko Arnasa, de la que forma parte Ekologistak Martxan. La firma Valogreene Paper se dirigió al Ayuntamiento de Bergara para instalar «una planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria» que inicialmente recibió un informe municipal favorable para su implantación. A partir de ahí, esta firma acudió al Gobierno vasco para conseguir una acreditación de Autorización Ambiental Integrada y en esa solicitud informó de un cometido industrial distinto al explicado al Consistorio. Pasó de una »planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria« a una »gestión de residuos peligrosos«.
Después, se sucedieron los informes y contrainformes. Por un lado, el Ayuntamiento de Bergara revocó su autorización inicial, mientras que el departamento donde Barredo tenía responsabilidades opinó lo contrario y dio vía libre al proyecto. La arquitecta municipal recogió la «falta de compatibilidad entre el uso de la empresa (solicitante) y la normativa urbanística vigente» y el director de Calidad en vez de requerir a la empresa a fin de que aclare qué actividad proyecta, opta por solicitar al Ayuntamiento que emita un nuevo informe.
«Esta exviceconsejera y, desde luego, su director (Javier Agirre) realizamos nuestro trabajo con honestidad y de acuerdo al marco establecido. No nos hemos saltado ni una coma legal. Todas las autorizaciones ambientales firmadas, que han sido muchas y que son extremadamente complejas, han sido con el aval y asesoramiento de equipos técnicos y jurídicos», subrayó Barredo cuando se conoció que estaba siendo investigada y vaticinó que el asunto acabaría archivado, como ha sucedido ahora.
