El Gobierno vasco tratará de desencallar el conflicto de los jardines de Vitoria, «en punto muerto»

«Para nosotros es una vía de solución y esperemos que todas las partes acudan a esa mediación para poder lograr un avance. Puede ser algo positivo para desencallar una negociación que en este momento está en punto muerto», ha valorado Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios, el departamento encargado del contrato que centra el conflicto. Este nuevo cauce de diálogo «puede ser una vía complementaria al trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento».

La responsable del Gobierno local, que ha dado explicaciones este miércoles en comisión a petición de toda la oposición, ha indicado que se ha vuelto a instar a la empresa que solicite al Ejecutivo autonómico la declaración de servicios mínimos por dos motivos; «la seguridad vial y la posible prevención de incendios». «Hemos instado a que lo haga y nosotros, como Ayuntamiento, si no, también lo haremos», ha apuntado la edil del PNV.

Tras dejar claro una vez más que desde el Consistorio «respetamos el derecho a la huelga», la jeltzale ha reiterado que la rescisión del contrato «será la última alternativa» que aplique si no existe otra posibilidad de llegar a un acuerdo, «pero, desde luego, no está entre nuestras soluciones en este momento». «La única salida es la negociación, ahí es donde tenemos que encontrarnos todos».

Resolver un contrato «tiene una serie de consecuencias jurídicas y económicas» y se ha solicitado un informe para analizar su viabilidad legal. En alusión a las reclamaciones de los trabajadores a este respecto, Artolazabal ha manifestado que «si piensan que mañana se rescinde el contrato, hagamos una licitación y al día siguiente haya una nueva empresa que les mejore sus condiciones laborales, eso no es cierto».

La resolución de los contratos, ha precisado, está sujeta a «causas legalmente basadas» y, en este caso, según el criterio jurídico inicial, «no puede hablarse de incumplimiento contractual por la empresa, está pagando todos los meses la cuantía económica por la cual fue adjudicada». En ese marco, «no podemos actuar de forma arbitraria» y «tenemos que velar por ese interés general que no sea contra el ordenamiento jurídico y tampoco en contra de los buenos principios de administración y contratación pública».

Por parte de la bancada de la oposición han llovido las críticas al Gobierno PSE-PNV por la gestión de esta huelga que, entre otros perjuicios, está provocando problemas de visibilidad en el tráfico con el consiguiente peligro y está impidiendo a los usuarios de Mendizorroza y Gamarra disfrutar de la temporada de piscinas en condiciones adecuadas. La mediación en el Preco supone que «estamos externalizando la solución», ha censurado EH Bildu, que ha criticado la postura de la empresa, que no propone mejoras «serias». El PP ha exigido «devolver la parte proporcional de los abonos de las piscinas», porque «no es justo pagar y que los ciudadanos no puedan utilizar instalaciones al 100%». «Se está precarizando el empleo con dinero público», ha lamentado Elkarrekin Podemos.

Actuar «mal» podría conllevar «efectos negativos» como «judicializaciones, indemnizaciones, parálisis del servicio o inseguridad jurídica». Por tanto, «la solución de verdad no va a venir por la resolución del contrato, esa es nuestra impresión». En ese sentido, ha incidido en que el Consistorio «no puede resolver el contrato y no puede «'enchufar' más dinero porque no lo permite la revisión de precios». La integrante del Gabinete Etxebarria también ha transmitido un mensaje de «calma» ya que «no hay alerta sanitaria ni para personas ni para animales». Ha abogado porque «empresa y trabajadores intenten modular sus posturas para llegar a acercamientos».